EscucharUna reforma a la Ley de Psicotrópicos benefició a 125 madres encarceladas por introducir drogas en los centros penales, casi siempre a instancia de reos con quienes están vinculadas por parentesco o razones sentimentales. La reforma redujo las penas impuestas a estas mujeres y les abrió la puerta de la libertad, con sus hijos en brazos.
La medida es completamente racional. No hay proporción entre una pena de cinco años y cuatro meses, la gravedad del delito y la situación de las liberadas. El espacio ocupado por ellas en el hacinado sistema penitenciario debe estar reservado para ofensas de mayor envergadura y peligro.
El caso de las mujeres recientemente liberadas está a medio camino entre el narcotráfico propiamente dicho y la posesión de drogas para el consumo. El primero debe ser perseguido sin cuartel, pero no castigado sin considerar la escala del delito y la condición del reo. El segundo es más un problema de salud pública, tiene un tratamiento penal menos riguroso y no puede ser enfrentado sin considerar las necesidades de rehabilitación del adicto.
Las madres liberadas no necesariamente son adictas y la introducción de droga en los centros penales es casi siempre un negocio, es decir, narcotráfico, pero en una escala muy limitada. La conducta no puede quedar sin castigo, pero, como sostiene el expresidente colombiano César Gaviria para el caso de los consumidores de drogas, el internamiento en un centro penal es causar un daño adicional.
La afirmación es particularmente cierta en el caso de una madre con uno o dos hijos a cuestas. En esas circunstancias, las penas deben ser moderadas, no más de lo indispensable, y, cuando sea adecuado, es preciso recurrir a las medidas alternativas. La Ley de Psicotrópicos sanciona hasta con 20 años de cárcel la introducción de drogas en los centros penales. Sin embargo, las autoridades pronto constataron que entre quienes cometen el delito hay una cantidad desproporcionada de jefas de hogar, en condición de pobreza, inducidas por sus compañeros a incurrir en el ilícito. Con ellas en la cárcel, sus dependientes –hijos, ancianos y discapacitados– apenas tienen posibilidades de salir adelante. El castigo es terrible para todo el núcleo familiar.
La cuarta parte de las 780 reclusas internadas en el Buen Pastor al 20 de marzo del 2012 había sido sorprendida en el acto de internar drogas en los centros penitenciarios. El 60% de ellas tenía menos de 35 años y apenas el 1% había terminado el colegio. Muchas han sufrido agresiones físicas y psicológicas. Una de ellas, de apenas 21 años y madre de dos hijos, dijo haber sido amenazada por su expareja para que le llevara la droga.
La reforma legal permite aplicar medidas alternativas, y, en el caso de las liberadas, se les sometió a esas condiciones luego de cumplir una parte de la condena. Entre las medidas puede estar el servicio comunal, conseguir un trabajo estable y domicilio fijo, presentarse periódicamente ante las autoridades para firmar y mantenerse alejadas de los centros penales.
La excarcelación y las medidas alternativas deben ir acompañadas de la asistencia necesaria para reinsertar a las infractoras en la sociedad. Una de ellas relató a este diario las dificultades que enfrenta para encontrar trabajo con la hoja de delincuencia manchada. Para colmo de males, con su liberación vino la suspensión de la ayuda de ¢50.000 que le dispensaba cada mes el Instituto Mixto de Ayuda Social para la manutención de sus hijos.
Es un contrasentido brindar apoyo durante la permanencia en la cárcel y suspenderlo tras la excarcelación, creando condiciones que bien podrían conducir a la comisión de un nuevo delito. Marta Iris Muñoz, directora de los defensores públicos, aboga por ofrecer a las liberadas fuentes de trabajo y estudio. Con ella coincide María Isabel Chamorro, ministra de la Condición de la Mujer. “Queremos ubicarlas en programas de formación humana y capacitación técnica para impulsar su independencia económica”. Solo así se puede conseguir brindar a estas mujeres una oportunidad justa de no volver a caer en la cárcel.
