Regalar una calle a un grupo de comerciantes contradice el interés público

 6 agosto, 2014

El presidente, Luis Guillermo Solís, tomó la decisión de privatizar una calle pública a favor de un pequeño grupo de comerciantes de artesanía y, para ponerla en práctica, retiró el veto a un cuestionable proyecto de ley que, seis años atrás, había rechazado mediante ese recurso el presidente Óscar Arias.

Su acción es claramente negativa en un aspecto y muy cuestionable en otro. El primero de ellos se refiere al manejo de los bienes públicos que, por esencia, nos pertenecen a todos los ciudadanos y no deberían ser enajenados a favor de particulares que se han apropiado de ellos para su uso patrimonial. El segundo toca aspectos de constitucionalidad y abre severas interrogantes sobre los fundamentos de la decisión y, más allá de ella, su impacto en un bien intangible, pero esencial para el desarrollo del país. Nos referimos a la seguridad jurídica. Entre ambos aspectos asoma un desdén por las competencias municipales, el urbanismo y el uso de los escasos recursos públicos.

La iniciativa de privatizar la calle 13 bis no fue del presidente Solís. La culpa de origen recae en los diputados que, con menosprecio por el bien común y sorprendente debilidad ante un grupo de presión, aprobaron, hace poco más de cinco años, el texto que pretendía despojar al conjunto de la ciudadanía de esa vía. En buena hora se produjo el veto del presidente Arias. Porque, además de su carácter público, esa calle tiene una ubicación urbanística clave: al costado oeste de la plaza de la Democracia, propiedad del Museo Nacional; al costado sur del recién inaugurado Museo del Jade y de lo que, si se generan los recursos necesarios, en algún momento podría ser el Museo de la Paz; al norte de la avenida segunda y casi diagonal a la Asamblea Legislativa.

Que algunos comerciantes (no artesanos) se apropiaran de ella hace dos décadas, no les otorga ningún derecho. Al contrario, su presencia durante tanto tiempo ha generado daños a la ciudad y a todos quienes la habitamos, con excepción de los 88 dueños de tramos.

Para resolver este problema, la Municipalidad de San José, utilizando recursos que también pertenecen a los josefinos, adecuó un amplio inmueble, mucho más higiénico y con mejores condiciones, como Centro Municipal de Comercio Artesanal. En el pasado, un intento de mover a los comerciantes a ese sitio fracasó; la intención era proceder a su retrasado traslado el domingo 3. Pero, de nuevo, las presiones de grupo se impusieron y, de paso, la alta inversión realizada por el Gobierno local podría quedar como un elefante blanco, como consecuencia de la decisión del presidente.

El tema jurídico presenta otras aristas. Que la Presidencia enarbole, para justificar que un mandatario retire el veto de otro, un voto de la Sala Constitucional que, aparentemente, daría respaldo a esta última decisión, no la justifica ni la blinda contra cuestionamientos legales. En primer lugar, al margen de la mayor o menor certeza del fundamento alegado, es un hecho que retirar vetos de presidentes pasados exacerba la inseguridad jurídica.

Además, como dijimos hace algunas semanas en otro editorial, implicaría otorgar un poder extraordinario y desmesurado al mandatario de turno en el proceso de formación de las leyes, equivalente al de las dos terceras partes del Congreso, necesarias para resellar un proyecto y, por tanto, anular un veto; es decir, convertiría al presidente en un superlegislador con poderes retroactivos.

Si se llevara a los extremos del absurdo el argumento aducido por la Presidencia, deberíamos ver como algo posible la anulación, ahora, de algún veto interpuesto por José María Castro Madriz, nuestro primer presidente, en 1848.

Sin embargo, aunque no lleguemos a este extremo de argumentación, el hecho es que la decisión, además de sus funestas consecuencias en la realidad urbanística, en la distinción entre bienes públicos y privados, y en los ámbitos de competencias de las municipalidades y el Ejecutivo, es una fuente de incertidumbre.

Por eso, es necesario que algún actor jurídico, quizá la Municipalidad, eleve el caso específico, con todas sus implicaciones, ante la Sala Constitucional. Si esto sucediera, esperamos que el resultado restablezca el apego a los principios constitucionales que regulan la interacción entre los poderes, y las normas que deben prevalecer al diferenciar entre bienes públicos inajenables y privilegios casuísticos otorgados a grupos de presión.