Un grupo de empresarios cree haber descubierto las razones detrás de las informaciones y editoriales de “La Nación” sobre el cobro electrónico. ¡Estamos metidos en el negocio!

 19 julio, 2016

De la mano de Olman Bonilla, exrepresentante de los autobuseros en el Consejo de Transporte Público, un grupo de empresarios cree haber descubierto las razones detrás de las informaciones y editoriales de La Nación sobre el cobro electrónico. ¡Estamos metidos en el negocio!

La trama, según Bonilla, es la siguiente: El exviceministro de Obras Públicas Sebastián Urbina es accionista de La Nación. El Grupo Nación, al cual pertenece este diario, emprendió una política de diversificación, en cuyo marco lanzó al mercado un monedero electrónico llamado Zimp. Cuando Urbina promovió el cobro electrónico, su intención no era mejorar el control sobre el transporte público y llevar un registro fiel de la demanda para calcular mejor las tarifas, algunas de las cuales podrían tener un exceso hasta del 40% según el exregulador Dennis Meléndez. Pretendía, más bien, conseguir un lucrativo negocio para el Grupo Nación, del cual es accionista.

La novela, desarrollada en las redes sociales mientras algunos empresarios reúnen fondos para difundirla en otros medios de comunicación, adolece de dos faltas que la convierten en simple infamia: Urbina posee una cantidad insignificante de acciones de La Nación. El 0,002%, para ser preciso. Necesitaría reunirse con otros 500 accionistas como él para llegar al 1%. Urbina ha recibido, sumados los últimos tres trimestres, ¢2.336 en dividendos.

Como es bien sabido, cualquiera con ¢4 puede ser accionista de La Nación, porque la empresa se transa públicamente y los cientos de accionistas están en libertad de vender sus acciones. El segundo defecto de la historieta es que el monedero electrónico Zimp no sirve para el pago electrónico en los autobuses. Las razones son tres:

Primero: Zimp solo puede ser utilizado para transferir fondos de una cuenta bancaria a otra. En otras palabras, el usuario debe tener cuentas o, en el argot financiero, debe estar bancarizado. El sistema promovido por Urbina es de tarjetas prepagadas, como se utilizan en todo el mundo. El usuario de transporte compra la tarjeta con determinado saldo y cuando la pasa por el lector del autobús, se resta electrónicamente el pago y queda un saldo. El saldo está registrado electrónicamente en la tarjeta. Es un sistema no bancarizado y Zimp es totalmente inútil en ese caso.

Urbina pretendía que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) emitiera las tarjetas prepagadas, en alianza con un proveedor de la tecnología, seguramente extranjero. Cuarenta empresas de todo el mundo se interesaron y, en un caso, el banco de exportaciones del país del oferente se comprometió a financiar el proyecto. El negocio era para el ICE.

Sin embargo, el Banco Central ve una oportunidad para bancarizar a la población nacional e insiste en que el pago se pueda hacer con tarjetas de crédito y débito. Urbina no está de acuerdo porque solo la mitad de la población está bancarizada y en la otra mitad se encuentra la mayoría de los usuarios de buses. Tiene razón. Si solo se admite el pago con medios bancarios, como las tarjetas de crédito y débito, el sistema no serviría para llevar cuenta de la demanda, porque la mayor parte de los usuarios seguiría pagando en efectivo.

Segundo: Supongamos entonces un sistema mixto, que permitiera medios de pago bancarios y tarjetas prepagadas. Tampoco en ese caso habría posibilidad de utilizar el monedero electrónico del Grupo Nación. Zimp exige una conexión de Internet constante y estable para enviar una señal al servidor bancario y recibir de vuelta una autorización del cobro. La transacción requiere hasta de unos 30 segundos, quizá más si se considera el tiempo para abrir la aplicación y hacer la transacción electrónica. Los autobuses, sobre todo en zona rural, difícilmente cuentan con una conexión estable y tampoco tienen el tiempo. El abordaje de cada persona en la actualidad tarda entre 3 y 5 segundos. Esperar el tiempo requerido por Zimp sería imposible. Abordar un autobús de 70 pasajeros tardaría 35 minutos. Además, tanto el usuario como el chofer deberían tener un teléfono inteligente y la aplicación Zimp.

El pago con tarjetas de crédito y débito sí sería posible, porque la autorización del cobro se haría sin consulta por Internet. El bus llevaría una lista negra electrónica de las tarjetas que no deben ser recibidas por falta de crédito (pagos atrasados) y la confirmación del pago se haría en el acto. La lista negra se actualizaría periódicamente.

Tercero: En cualquier caso, Urbina y La Nación siempre han abogado por el sistema de tarjetas prepagadas, que excluye totalmente a Zimp. El objetivo es agilizar el transporte público y contar con un sistema eficaz de fiscalización de la demanda. Un reciente estudio contratado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) con el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica halló discrepancias entre los datos reportados por algunos empresarios y la demanda real. La diferencia encarecería las tarifas pagadas por la población más humilde de Costa Rica y enriquecería injustamente a los empresarios. El cobro electrónico haría un conteo preciso de la demanda y la Aresep dejaría de utilizar los datos proveídos por los empresarios para fijar las tarifas.

El sistema originalmente impulsado por Urbina, que dejaría por fuera los sistemas de pago bancarizados, incluido Zimp, tiene otros dos componentes: la gerencia del servicio, para saber cuántos buses salen de dónde y a qué hora, y una plataforma pública transparente, donde los usuarios puedan acceder a los datos.

Ese es el sistema que apoyamos, no el Zimp, que en todo caso sería ineficaz, u otros medios de pago bancarizados, como las tarjetas de crédito y débito. Si el Banco Central insiste en permitir el pago con esos medios, no podrá erradicar el efectivo y solo quedará registrada una parte de la demanda. Faltarán, además, los componentes de gerencia y control del público. El Banco Central debe retomar el proyecto original y darle el negocio al ICE.