Transparencia fiscal

El estudio se divide en tres pilares: 1) presentación de informes fiscales, 2) desarrollo de proyecciones fiscales y presupuestarias, y 3) análisis y manejo de los riesgos fiscales. Cada capítulo analiza y califica una amplia gama de variables, en muchas de las cuales el país salió relativamente bien librado, particularmente en el primer pilar, referido a los requerimientos mínimos de información. Pero en los otros, no. Desde el punto de vista de la contribución a la discusión pública, nos parece más importante señalar las falencias, con el objeto de que puedan ser subsanadas.

En el segundo pilar –evaluación de las proyecciones fiscales y presupuestarias– se destacan las siguientes: la legislación presupuestaria está muy fragmentada. Mientras el presupuesto del Gobierno Central se aprueba en la Asamblea Legislativa, los demás presupuestos públicos, que exceden en mucho el primero desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo, únicamente son aprobados por la Contraloría General de la República (CGR). En la Asamblea Legislativa no se produce una discusión ex post del presupuesto para valorar su ejecución, como debe ser, y la CGR se limita a verificar la legalidad del gasto y no su oportunidad. Tampoco existe una discusión pública de la conveniencia del gasto supervisado por la CGR, como sí se da en el Congreso. La recomendación en este aspecto es modificar la Constitución Política para que los diputados aprueben todos los presupuestos públicos, y se abra el debate sobre los logros del presupuesto recientemente ejecutado.

Otra de las falencias reportadas es que ningún Gobierno declara cuáles son los objetivos por lograr en cada una de las asignaciones presupuestarias, ni siquiera por sectores, ni, mucho menos, globalmente. Y eso responde a la pregunta básica: ¿Qué pretenden los Gobiernos lograr con la aprobación del presupuesto? Sabemos que distintas leyes de planificación y administración pública emitidas en el pasado exigen el establecimiento de metas y objetivos concretos, pero eso no se hace. Y la pregunta adquiriría mayor relevancia si se incluyeran los presupuestos de las demás instituciones y empresas públicas. Otra debilidad presupuestaria es la ausencia de versiones sucesivas y actualizadas de las proyecciones de ingresos y gastos, así como de los requerimientos cambiantes de financiamiento del Gobierno. La coordinación con el Banco Central sería conveniente para que el Gobierno haga explícito en el Presupuesto eventuales ajustes en las tasas de interés.

El tercer pilar es, quizás, el más importante, pues se relaciona con los riesgos fiscales, muy relevantes en períodos de crisis generalizadas como el que acabamos de pasar –cuando no se previeron adecuadamente la caída de ingresos ni el aumento de gastos por la recesión–, pero también en momentos como el actual, de ralentización económica y desequilibrios financieros acumulados en el tiempo, como el incremento de la deuda pública, el desarreglo de la CCSS, las dificultades en Japdeva o las crecientes pérdidas de operación del Banco Central y su eventual impacto en la inflación. Ninguno de estos riesgos, aunque conocidos y ampliamente discutidos en el país, ha sido formalmente enfrentado ni, tampoco, solucionado por la Asamblea Legislativa en respuesta a planteamientos específicos del Poder Ejecutivo.

El informe del Fondo señala que tampoco se incluyen en los correspondientes presupuestos los riesgos asociados con las pensiones del Gobierno Central, los contratos de largo plazo y sus posibilidades de incumplimiento (como la rescisión del contrato para la construcción de la carretera a San Ramón, agregamos nosotros), desastres naturales y demandas judiciales.

Los procesos de presupuesto del Gobierno Central y los demás entes descentralizados deberían contener ejercicios de sensibilidad en los ingresos ante cambios macroeconómicos relacionados con variaciones en las tasas esperadas de crecimiento de la economía, las posibles variaciones en las tasas de interés y su impacto en la partida de gastos por intereses, así como una evaluación de los riesgos sistémicos que podrían afectar el sistema financiero y su eventual repercusión en el presupuesto nacional, como ocurrió una vez con el cierre del Banco Anglo, que ocasionó pérdidas al Banco Central y al Gobierno central.

Y eso nos permite formular una recomendación general: es conveniente, casi indispensable, que las autoridades ejecutivas y legislativas analicen concienzudamente el informe de marras para determinar cuáles recomendaciones conviene adoptar de inmediato, como prácticas administrativas, y canalizar por las vías correspondientes las que requieran de cambios legislativos y constitucionales. El país ganaría con mayor transparencia fiscal.