La Caja no permite asegurar a los empleados por su salario real, si es inferior a la base mínima de ¢154.025,10

 28 mayo, 2014

En el último trimestre del 2013, la Encuesta Continua de Empleo identificó a 149.561 hogares como empleadores, pero, en las mismas fechas, la Caja Costarricense de Seguro Social solo contaba con 19.404 trabajadores domésticos asegurados. La desproporción es fácil de explicar como efecto de las políticas de la institución.

La Caja no permite asegurar a los trabajadores por su salario real, si es inferior a la base mínima de ¢154.025,10, pero, en los empleos domésticos, los contratos a tiempo parcial son frecuentes. Un trabajador doméstico compensado con ¢30.000 por unas cuantas horas de trabajo por semana cotiza como si ganara cinco veces más. En consecuencia, la cuota obrera de ese empleado sería de ¢12.833, es decir, más de una tercera parte de lo devengado, y la patronal, de ¢25.425. Al final, patrono y trabajador se unirían para cotizar ¢8.258 más que el salario total devengado.

En suma, para el patrono, el costo del empleado se eleva a ¢55.425 y, para el trabajador, los ingresos caen a ¢17.167. No es de maravillarse si uno y otro deciden permanecer fuera del sistema. La otra opción, ilegal pero recurrida, es arreglárselas para asegurar al trabajador como voluntario por solo ¢12.706 mensuales. Con eso, el empleado tiene derecho a la misma atención médica y a idéntica pensión mínima cuando le llegue el día del retiro. Existe, desde luego, la posibilidad de dar la relación laboral por terminada o no contratar del todo, con nefastas consecuencias para las estadísticas de desempleo.

Para Juan Diego Trejos, investigador de temas económicos, no cabe duda sobre la idoneidad del sistema para alimentar la informalidad. “Se debe avanzar para hacer posible el aseguramiento con jornadas parciales… o crear formas de aseguramiento colectivo, donde un trabajador doméstico con dos o más empleadores pueda establecer una afiliación conjunta y que cada empleador aporte la cuota patronal correspondiente”.

En la actualidad, si el trabajador del ejemplo tuviera más de un empleo a tiempo parcial, como suele suceder, cada uno de sus patronos debería cotizar sobre la base mínima fijada por la Caja. En la práctica, al trabajador le está prohibido aceptar un par de horas de empleo aquí y otras allá, pues, aunque los patronos estuvieran dispuestos a desembolsar los ¢25.425 de cuota mínima, el trabajador perdería dinero. Una jornada de ocho horas mensuales a ¢1.500 por hora arroja un total de ¢12.000, insuficiente para cubrir la cuota obrera.

Como ningún trabajador doméstico se conforma con laborar unas cuantas horas por semana, están obligados a tener múltiples patronos. Cuando alguno de ellos accede a asegurarlos, termina subsidiando las cargas sociales de los demás, cuya conciencia apenas sufre porque, después de todo, cotizar de conformidad con la ley no le reporta beneficio adicional alguno al trabajador y, más bien, le resta una parte del salario devengado. Por eso, también, son tantos los hogares proveedores de empleo y tan pocos los trabajadores asegurados.

La situación empeorará en el futuro, pues la base mínima de cotización irá aumentando hasta alcanzar, en el 2019, el salario mínimo de un trabajador no calificado, que en este momento es de ¢256.000. Para entonces, será todavía mayor y un ejército de trabajadores domésticos quedará sin empleo o sin seguro.

La Caja por fin decidió enfrentar el problema y promete anunciar una propuesta de reforma dentro de cuatro meses. El cambio es uno de los elementos incorporados al plan diseñado para aumentar la cobertura a lo largo de la próxima década. El propósito es crear mecanismos flexibles y alternativas no tradicionales de aseguramiento, explica Gustavo Picado, gerente financiero de la institución.

El cambio no está exento de riesgos. La eliminación de la base mínima podría estimular a otros patronos y trabajadores a asegurarse como si laboraran tiempos parciales o jornadas más reducidas. Ese, sin embargo, es un problema de inspección y oportuna imposición de sanciones. Vale la pena intentarlo, porque los efectos de la situación actual son nocivos para el empleo, la formalización de la economía y el bienestar de los trabajadores.