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EDITORIAL

El tiempo favorece a la Supén

Actualizado el 30 de enero de 2014 a las 12:00 am

Las señales que confirman, al menos en parte, las preocupaciones de la Supén en relación con el IVM salen a la luz con cuentagotas

El próximo Gobierno debe enfrentar el problema, sea para despejar las dudas, sea para hacer los difíciles ajustes que puedan ser necesarios

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La situación del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social no ha tenido en el debate electoral el sitio de preeminencia debido al sistema de pensiones más grande del país, sobre el cual pesan importantes cuestionamientos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

El debate ha sido largo y las señales que confirman, al menos en parte, las preocupaciones de la Supén salen a la luz con cuentagotas. La Caja comenzó por justificar el uso de los intereses generados por el régimen para pagar las pensiones y aguinaldos de los 211.248 jubilados del sistema. La Superintendencia enfatizó que la práctica es reveladora de la insuficiencia de ingresos ordinarios y amenaza el crecimiento del fondo.

Lo que comenzó como una medida coyuntural, destinada a resolver un problema momentáneo, llegará este año al uso de ¢37.000 millones salidos de los intereses. En el 2009, cuando por primera vez se adoptó la práctica, la suma fue de ¢12.690 millones y ha venido creciendo desde entonces.

Inicialmente, la Caja negó la existencia de problemas y reclamó al superintendente, Édgar Robles, la publicidad de sus objeciones. El año pasado, los encargados del IVM admitieron la necesidad de hacer ajustes en la base contributiva de los asegurados independientes, así como cerrar los portillos abiertos a la jubilación anticipada. Admitieron, además, la necesidad de generar recursos frescos.

El 9 de diciembre del 2010, cuando se le preguntó si la intervención de la Gerencia de Pensiones examinaría la solidez del régimen, la Dra. Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la Caja, respondió: “Eso no está en discusión. El régimen es sostenible por los próximos 30 años; lo que se analizará es materia aparte”.

Así salía al paso a la posición asumida por la Superintendencia, cuyos cálculos apuntan al 2025 como fecha crítica. El año pasado, la Caja anunció, aparte de la necesidad de ajustes en materia de asegurados independientes y pensiones anticipadas, la intención de comisionar un nuevo estudio actuarial.

El lunes, este diario publicó una nueva previsión de la Caja: el colapso del IVM se adelantará en tres años. La Superintendencia no está de acuerdo, pero, en cualquier caso, el anuncio contrasta con la firme posición asumida hasta ahora por los administradores del fondo.

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Robles no se satisface con los ajustes planteados hasta el momento, aunque había señalado su necesidad antes de que la Caja los anunciara. Insiste en la urgencia de hacer reformas fundamentales. Según el superintendente, los aportes de un cotizante promedio suman, a lo largo de la vida laboral, ¢23,9 millones, apenas un 58,4% del beneficio recibido durante los años de jubilación, dada la edad de retiro vigente y la expectativa de vida en la actualidad.

En criterio del superintendente, las últimas proyecciones de la Caja muestran “un esfuerzo desesperado por ocultar información”. Ya en enero del 2011 había acusado a la institución aseguradora, ante una comisión legislativa, de “maquillar” las cifras para sustentar su tesis de sostenibilidad del régimen. Ahora, afirma que “no se puede evaluar la calidad de los resultados porque los supuestos en que se basan las estimaciones no aparecen”.

La queja no es nueva. Quizá, el aspecto más sobresaliente del debate entre la Superintendencia y la Caja sean los reclamos de información formulados una y otra vez por Robles. La institución llegó a admitir su renuencia a entregar los datos y la justificó por una “pérdida de confianza” en la Superintendencia, generada por la difusión de un estudio actuarial cuyo contenido ponía en duda la sostenibilidad del régimen a medio plazo.

Los hechos acumulados desde entonces no confirman con precisión los cálculos del superintendente en cuanto al plazo de sostenibilidad del régimen, pero despejan cualquier duda sobre la justicia de sus preocupaciones. El próximo Gobierno debe tomar esos hechos muy en cuenta a la hora de enfrentar tan serio problema, sea para eliminar las dudas, sea para hacer los difíciles ajustes que puedan ser necesarios.

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