EscucharEl ingeniero Teófilo de la Torre, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), reconoce la pérdida de competitividad del país a causa del alto costo de la electricidad y confirma la desaceleración en el crecimiento de la demanda. El ahorro no es siempre una buena noticia. Si ocurre por disminución del desperdicio, es razón para celebrar, pero, si la demanda decae por recortes en el aparato productivo, incapaz de absorber los costos crecientes, solo hay motivos para la preocupación.
En general, el consumo de electricidad es un indicador de desarrollo. Por eso, el presidente ejecutivo habla al unísono del efecto de los precios sobre la competitividad y de la caída en el crecimiento de la demanda. El año pasado, el aumento fue del 4%, pero en el 2013 ronda el 1%, y el ICE recaudará ¢18.000 millones menos de lo esperado.
Entre los industriales hay quienes estudian el traslado de operaciones a países vecinos para aprovechar mejores precios. Todo depende de la industria. Algunas hacen uso intensivo de la energía en una parte del proceso, que puede ejecutarse con independencia de otras operaciones. En su caso, la posibilidad de hacer un traslado parcial puede resultar atractiva.
Corporación Yanber, dedicada a la fabricación de envases, exportó a Nicaragua un proceso de extrusión y corte de polietileno y, con él, más de cien puestos de trabajo. Hultec/Terramix estuvo a punto de hacer lo mismo, pero logró retener el proceso en el país y salvó del despido al 10% de su planilla.
Otros productos industriales emplean mucha mayor cantidad de energía a lo largo de toda la fabricación. Para ellas, la electricidad desempeña un papel preponderante en el precio final y un aumento en la factura energética puede resultar incosteable en el marco de la competencia. En ese caso, el peligro es de una migración completa, especialmente si se trata de empresas con débil arraigo, como algunas de las ubicadas en zonas francas.
Hay, también, empresas que, por su tamaño u otras circunstancias, no pueden mudar sus operaciones. Solo les queda resistir hasta donde sea posible, cerrar algunas líneas o desistir del todo.
Ante estas realidades, ningún consuelo aporta una de las respuestas del ingeniero De la Torre al reclamo sectorial: “Las industrias dicen que la energía es más barata en otros países, pero hay que considerar que ahí cuentan con petróleo, carbón y gas natural. Eso hace que el costo sea más bajo”. Es cierto, pero en nada alivia las dificultades de los industriales y tampoco las del comercio y el sector residencial, igualmente castigados por los aumentos.
La respuesta, por otra parte, omite señalar que, si bien Costa Rica carece de petróleo, carbón y gas natural –o no quiere buscarlos–, es rica en geotermia, recursos hídricos y otras fuentes de energía limpia. Tampoco señala la disposición de los generadores privados a producir electricidad limpia y mucho más barata, bajo estricta supervisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Según el ICE, la geotermia podría proveer unos 1.000 megavatios (MW), suficientes para sustituir buena parte de la generación con hidrocarburos. En respuesta a un concurso abierto para adjudicar la generación de 140 MW de energía limpia a la empresa privada, los interesados ofrecieron 360 MW.
Los 220 MW de exceso simplemente se dejaron pasar. Aun así, la oferta total fue pequeña en relación con la posible, si el país elimina los límites a la inversión de los particulares. Las plantas privadas no pueden sobrepasar los 50 MW de capacidad cuando se construyen con el sistema BOT (construir, operar y transferir), que permite al inversionista explotarlas durante un plazo, para luego entregarlas al Estado. Si la idea es operar la planta durante toda su vida útil, la capacidad no puede pasar de 20 MW y, en conjunto, la empresa privada no puede pasar del 30% de la capacidad instalada nacional, aunque el ICE conserve el monopolio de la distribución.
El problema de Costa Rica no está en la falta de petróleo, carbón y gas natural, sino en la falta de sensatez y voluntad política para resolver una escasez creada artificialmente, con el solo fin de satisfacer prejuicios ideológicos e intereses gremiales.
El ingeniero De la Torre no deja de reconocer la necesidad de rectificar políticas erróneas del ICE y cifra en las correcciones alguna esperanza de rebaja en los costos. Entre las medidas están la renegociación de deudas asumidas con plazos perentorios, la mejora de las condiciones financieras de los fideicomisos utilizados para ejecutar obras, la disminución de gastos de operación –incluyendo la liquidación de 1.800 empleados de una planilla de 15.000-- y la puesta en funcionamiento de nuevas plantas hidroeléctricas, algunas propias, otras privadas y varias pertenecientes a cooperativas.
Sin embargo, ninguna de esas iniciativas será suficiente mientras el país menosprecie los recursos disponibles y el capricho gobierne su política energética.
