Opinión

EDITORIAL

El talismán de Petrocaribe

Actualizado el 23 de julio de 2014 a las 12:00 am

Incorporarnos a la entidad generaría múltiples distorsiones

Sus posibles beneficios son ilusorios; sus perjuicios, muchos

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El talismán de Petrocaribe

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Ante una propuesta de la fracción legislativa del Frente Amplio, el presidente Luis Guillermo Solís se comprometió a “analizar” la posibilidad de que Costa Rica se adhiera a Petrocaribe, la instancia de financiamiento de hidrocarburos que controla el Gobierno de Venezuela e integran 18 países de la cuenca caribeña. La decisión, en palabras del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, es determinar si esa adhesión “de verdad contribuye a bajar los costos” de los combustibles. En otras declaraciones, la presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Sara Salazar, añadió que el análisis deberá ser político, técnico y económico.

No es la primera vez que se habla de una posible incorporación del país a Petrocaribe. De hecho, durante el gobierno de Óscar Arias se iniciaron las gestiones para dar el paso, pero luego fueron abandonadas, por la evidente contaminación política que envuelve a la entidad y el difuso carácter de sus potenciales beneficios financieros. El gobierno de Laura Chinchilla decidió “archivar” la aspiración, la cual luego fue mencionada por el excandidato presidencial Johnny Araya y ahora revive por iniciativa de un partido que ha dado muestras de afinidad ideológica con los gobernantes venezolanos.

Esperamos que un análisis realmente riguroso, que no solo contemple los tres aspectos mencionados por la presidenta ejecutiva de Recope, sino también la dimensión ambiental y el posible impacto de una adhesión en la matriz energética nacional, conduzca a la mejor decisión para el país: mantener nuestra independencia de ese bloque, evitar sus distorsiones y seguir desarrollando una política energética con visión de largo plazo, anclada en fuentes limpias.

Basta repasar la historia de Petrocaribe desde su creación, en el 2005, para darse cuenta de que fue concebida como instrumento de la política exterior de Venezuela; es decir, una especie de talismán para seducir a países particularmente vulnerables e inclinarlos hacia la órbita chavista. Ciertamente, participar en el esquema no obliga a una adhesión formal a esa política o a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), donde Venezuela y Cuba imponen las principales líneas de acción. Pero sí implica un condicionamiento, que será mayor conforme crezcan los eventuales compromisos financieros. Además, un repaso a la página web de la entidad deja en evidencia la deliberada confusión entre sus proyectos y los del ALBA.

Con una visión estrictamente oportunista, podría argumentarse que, si “París bien vale una misa”, los beneficios de Petrocaribe justifican el riesgo político. Pero ocurre que su única concesión económica significativa es una escala de financiamiento de las importaciones petroleras (solo desde Venezuela) de entre el 5% y el 50% de la factura a precios de mercado, con un período de gracia de uno o dos años, amortizaciones con intereses del 1% y plazos de entre 17 y 25 años.

Se trata, simple y llanamente, de un esquema de endeudamiento y de promoción de la dependencia de un solo proveedor, que solo “bajaría” el precio de los combustibles si los créditos se usaran para subsidiarlos y pasamos la factura (monetaria y ambiental) a las generaciones futuras.

La posibilidad de pagar en especie o de financiar “proyectos sociales” que deberán ser aprobados por Petrocaribe, implicaría mayores distorsiones (incluso ideológicas) y dependencia. Esto, a la vez, induciría a un mayor consumo de hidrocarburos, a contrapelo de la política ambiental-energética nacional.

La conclusión es clara: no hay razones políticas, económicas, técnicas ni ambientales para sumarnos a Petrocaribe. Por ello, confiamos en que los anunciados estudios conduzcan a desestimar la propuesta del Frente Amplio.

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