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Editorial

De la suposición a los hechos

Actualizado el 01 de mayo de 1995 a las 02:08 pm

Juez "narcotiza" al Estado, políticos, prensa y abogados

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El auto de procesamiento del juez cuarto de Instrucción de Alajuela, José Daniel Hidalgo, contra Ricardo Alem ha abierto las compuertas de las críticas y de las preocupaciones. Sus insinuaciones son tan graves que, con razón, se piden cuentas claras.

En resumidas cuentas, el juez cuarto de Instrucción denuncia la posible penetración del narcotráfico en los tres poderes del Estado, así como en el gremio de los abogados y de los periodistas, "comprando conciencias" para colocar sus fichas en posiciones estratégicas en la estructura del Estado y en la sociedad civil. Ya han salido a relucir algunos nombres, la mayoría de ellos de menor cuantía, pero lo dicho dista mucho de la magnitud de la penetración del narcotráfico, a juzgar por las frecuentes informaciones de la prensa acerca de la extensión de este mal en todo el territorio nacional y, ahora, por una resolución judicial.

El auto de procesamiento se refiere a una posibilidad. Sin embargo, dado el carácter de un documento de esta naturaleza, un juez no puede quedarse en el ámbito de las probabilidades, máxime cuando él concreta el mercado del narcotráfico: los tres poderes del Estado, la prensa y los abogados. Esta ambivalencia le causa un daño enorme al país interna y externamente. Urge, por lo tanto, salir del campo de las conjeturas comprobando la culpabilidad de los implicados, admitiendo lealmente la inexistencia de cargos, o bien, restringiendo la responsabilidad al número específico que corresponda. Este último aspecto es importante por cuanto el juez José Daniel Hidalgo dispara para todos lados.

La Asamblea Legislativa ya tomó cartas en este asunto. Al parecer, existe consenso acerca de la designación de una comisión investigadora. Si esta cristaliza, debe nombrarse en esta comisión a diputados avezados y objetivos, pues el trabajo es delicado y en extremo complejo. Nada menos que la penetración del narcotráfico en nuestro país. Debe dotársele, por lo tanto, de toda clase de recursos técnicos, financieros y de personal, y alejar, desde el principio y por todos los medios, el fantasma de la política partidista. Tan grave problema no se debe tocar con manos sucias.

Necesita el país, asimismo, conocer el criterio de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido hemos tratado de entrevistar al presidente de la Corte, Edgar Cervantes. Se impone que el Poder Judicial se examine a sí mismo con hondura, pues, como se sabe, este es el bocado más apetitoso para el narcotráfico y la mejor garantía para asegurar su imperio. Corresponde también una tarea especial al Colegio de Periodistas. Su esfuerzo debe concentrarse en fortalecer el conocimiento y la práctica de los valores éticos en el ejercicio de la profesión, antes que andar a la caza de estudiantes y de periodistas en los medios de comunicación. También ha reaccionado el Colegio de Abogados. Esta es materia principal, pues son demasiados los nombres de profesionales del derecho en las denuncias sobre estafas, timos y en el mundo del narcotráfico. Esta enfermedad requiere cirugía mayor.

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Confiamos, asimismo, que estos hechos resuelvan a los diputados a dotar al país de una legislación electoral y contra el narcotráfico moderna, ágil y eficaz, que cierre portillos y resquicios a la penetración del narco por medio del dominio del dinero en las campañas y establezca procedimientos que inviten al ciudadano a escoger a los mejores representantes, en vez de obligarlo a votar por papeletas.

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