Los procesos de elección de altos cargos en la Corte Suprema de Justicia causan profunda insatisfacción. En la Sala Tercera se cambia el presidente, a contrapelo de la tradicional reelección, y el país no recibe explicación alguna. Más bien se le aclara a la opinión pública la intención de no referirse al tema. Es un secreto y nadie tiene derecho a rasgar el velo, aunque la justicia se administra en nombre de la nación.
En la Corte Plena, la elección del presidente no es más transparente. Dos meses y medio después de fallecido el magistrado Luis Paulino Mora, la Corte se muestra incapaz de escoger a su sucesor. El engorroso proceso enfatiza ante la ciudadanía la voluntad de dejarla por fuera. Nadie sabe qué está en juego y, a juzgar por declaraciones de algunos magistrados, ni siquiera se conoce la nómina completa de aspirantes.
Cuando primero se planteó el tema y se propuso un método de elección, un grupo de magistrados evitó la votación al proponer un periodo de reflexión. El impasse abierto a partir de entonces se prolongó y con él la impresión de que el espacio llamado de reflexión es, más bien, de maniobra. La insistencia de algunos magistrados para efectuar la votación finalmente dio frutos el lunes, pero no hubo humo blanco.
El patrón de las votaciones del lunes pasado alimenta las especulaciones. Los únicos dos candidatos se repartieron el apoyo de 14 colegas en tres de las cinco votaciones. En otras dos, se distribuyeron 13. Un inconmovible bloque de ocho magistrados votó en blanco en tres de las cinco oportunidades y uno más se les unió en las otras dos votaciones.
O el bloque de los ocho está resuelto a que sean sus compañeros quienes decidan la elección o está a la espera de un tercer candidato, cuyo nombre nadie ha revelado. Tampoco se conocen las razones por las cuales no se postuló desde el inicio para dar al proceso algún grado de transparencia, por lo menos en cuanto a las opciones disponibles.
La duda no solo crece en la opinión pública. El magistrado Rolando Vega, con encomiable valentía, critica la falta de correspondencia entre las reglas aprobadas para conducir la elección y las demandas de la ciudadanía a favor de la transparencia, pero también señala la existencia de “candidatos ocultos” en espera de “dar el paso de su postulación con calculada proyección”.
El Magistrado ofrece una interpretación de los votos emitidos en blanco: “Las reglas favorecen candidaturas ocultas o bien el pretendido y descalificador voto en blanco para deslegitimar a quienes postulen sus nombres”. Es decir, el consistente bloque de ocho estaría a la espera del desgaste de los dos postulantes para impulsar después una candidatura todavía no revelada, pese al acuerdo de celebrar la elección el lunes pasado.
Las declaraciones del magistrado Vega apuntan a la existencia de una maniobra inconfesa, lejana de la franqueza esperada del Poder Judicial. Los hechos pronto confirmarán si tiene razón o, peor aun, si la tiene en apariencia. Producto del secretismo y las dilaciones, el surgimiento de un tercer candidato de buena fe desatará especulaciones sobre si se trata del aspirante “oculto”, fruto de una maniobra ideada para desgastar a los otros dos. Solo una mayoría aplastante, muestra inequívoca de apoyo, podría aplacar, en alguna medida, la sospecha.
Es iluso creer que en otro escenario la Corte pueda salir sin daño del proceso. No está exenta del desgaste general de la institucionalidad. Múltiples incidentes han hecho mella en su prestigio. Es hora de recuperar terreno, no de perderlo. La creación de un sistema de selección apto para evitar situaciones similares en el futuro es tarea urgente. La propuesta del magistrado Vega de eliminar a los candidatos con menor número de votos en cada ronda merece considerarse. En ese esquema, los votos en blanco tendrían otro sentido.