No se deben tomar decisiones que comprometan las finanzas de una institución sin tener estudios previos de la viabilidad y sostenibilidad de los nuevos beneficios

 22 agosto, 2016

Una serie de improvisaciones y desaciertos financieros se podrían cometer con la propuesta para asegurar a las servidoras domésticas. El problema puede resumirse así: por muchos años, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) impuso una norma arbitraria para obligar a los patronos de las trabajadoras de medio tiempo, o tiempo parcial, a asegurarlas por un monto equivalente al salario de las trabajadoras de tiempo completo (¢208.000 en la actualidad).

Como consecuencia, las cuotas obrero-patronales se incrementaron en forma desproporcionada, comparadas con las aplicables a las de los demás trabajadores. Solo un porcentaje muy pequeño (14%) del total de las servidoras domésticas (170.575) cuenta actualmente con los beneficios de los seguros de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte. El resto está totalmente desprotegido.

Para corregir esa práctica discriminatoria, la Junta Directiva de la CCSS decidió reducir a la mitad el monto mínimo del salario tomado como base para calcular el seguro, a un poco más de ¢104.000 mensuales, y ordenó a la Gerencia Financiera alistar el reglamento para asegurar a las trabajadoras domésticas remuneradas en un plazo no mayor de dos meses. Según trascendió, se calcula que las medidas podrían entrar a regir a inicios del 2017.

El primer error de la Junta Directiva es no haber tenido de antemano el estudio relativo al costo de la propuesta, tanto para Enfermedad y Maternidad como para Invalidez, Vejez y Muerte. No deben tomarse decisiones que comprometan las finanzas de una institución sin tener estudios previos de la viabilidad y sostenibilidad de los nuevos beneficios. Es básico. En este sentido, la CCSS tiene todo un historial de decisiones improvisadas y desaciertos financieros, según atestigua su comprometida situación actual. Recuérdese que incrementó la planilla en 11.000 plazas sin ninguna justificación en el 2011, durante la última administración de Oscar Arias.

La Caja debería poner orden en sus finanzas antes de comprometerse a asumir nuevas erogaciones. La respuesta de la CCSS al problema de marras, avalada por el Ministerio de Trabajo y por el de Hacienda, fue recurrir al presupuesto nacional para sacarle las castañas del fuego. Según informaciones reveladas por este periódico, en el presupuesto ordinario de la República para el 2017 se incluirá una partida de ¢2.250 millones para subsidiar el costo del seguro de las trabajadoras. Pero ese monto, de seguro, irá creciendo exponencialmente conforme más trabajadoras se vayan asegurando.

El viceministro de Egresos, José Francisco Pacheco, explicó que tratarán de incluir el monto completo en el próximo presupuesto ordinario y respondió con sinceridad al reconocer que no se contaba con ingresos frescos para ese propósito, sino que tratarían de buscar acomodo mediante reducción de otros gastos ordinarios o, simplemente, emitiendo más deuda pública. Pero sinceridad en este caso no es sinónimo de sabiduría ni buen manejo financiero.

Varios principios esenciales se contravienen: el primero es que, conforme a la normativa vigente, la CCSS es una entidad autónoma independiente del Poder Ejecutivo, con patrimonio y recursos propios, y un régimen de contribuciones claramente establecido. Trasladar esa responsabilidad al Gobierno, aunque sea parcialmente, es improcedente. Además, el Gobierno Central tiene suficientes problemas fiscales propios, también producto de visibles errores anteriores, que lo ubican en la imposibilidad real de asumir nuevos compromisos, que recaen bajo la competencia de la CCSS. El Ministerio de Hacienda, en vez de asumir nuevos compromisos de carácter permanente, que podrían incrementarse exponencialmente, debería, más bien, reducir los existentes, que claramente no puede financiar.

Si estuviera en capacidad de reducir gastos innecesarios, o menos indispensables, debería de inmediato proceder a reducirlos para disminuir el déficit actual, que se acerca al 6% del PIB y probablemente excederá ese porcentaje en el 2017. Emitir más deuda para financiar los seguros iría a contrapelo del principal argumento esgrimido por el presidente para justificar nuevos impuestos. La deuda pública total se ha venido expandiendo peligrosamente, con efectos potenciales negativos en las tasas de interés, la inversión extranjera y el tipo de cambio.

Finalmente, corresponde a la CCSS resolver el problema de extender la cobertura a las servidoras domésticas dentro de sus propias finanzas, en el contexto más amplio de su problema financiero en relación con todos los demás asegurados. La solución se ha venido posponiendo durante mucho tiempo. Debe tener en mente que una cosa es la solidaridad social tradicionalmente favorecida por la sociedad costarricense, y otra, muy distinta, es ignorar los sanos principios presupuestarios y financieros que le dan sustento. Sin rigurosidad financiera institucional, la solidaridad social puede llegar a desvanecerse.