EscucharCada año, la histórica comunidad de Boston auspicia una competencia de corredores de todo el mundo para conmemorar el surgimiento de Estados Unidos como nación independiente. La maratón, conocida como Patriótica, rememora los hechos locales que enmarcaron la gesta de independencia de las colonias británicas en 1776. Desde luego, es una ocasión festiva que atrae a miles de familias, incluidos niños de diversas edades.
Fue así como el lunes último, 15 de abril, en horas tempranas de la tarde, las concurridas calles de Boston vitoreaban a los corredores. Sin embargo, hacia el final de la competencia, se escucharon fuertes explosiones que se tradujeron en nubarrones de destrucción. También aumentó la presencia de policías y agentes de una vasta red de entidades encargadas de las investigaciones. Ya el miércoles y jueves, el análisis de kilométricos de videos permitió identificar a los principales sospechosos: dos jóvenes hermanos chechenos, estudiantes y musulmanes.
El dolor que embarga a la nación por lo ocurrido en Boston dio nuevo impulso a la legislación destinada a imponer un mayor control al comercio de armas. El tema se encontraba en un atascadero en el Capitolio. Con los sucesos de Boston, un torrente de apoyo del público estimuló la discusión de los proyectos de ley destinados a controlar y, ojalá, reducir las ventas de armas personales así como de poderosos fusiles y explosivos.
El derecho a portar armas tiene respaldo en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y así como la Primera Enmienda garantiza el derecho de libre expresión, la Segunda acuerpa a quienes invocan el derecho a portar armas. Desde luego, estos conceptos han sido fuente inagotable de litigios y tesis jurídicas contrarias. Con todo, organizaciones privadas como la National Rifle Association (NRA) constituyen un eje clave en el debate por la influencia que ejercen en el Capitolio y en una larga cadena de agrupaciones cívicas.
Dicho esto, no debe sorprendernos que el enconado debate parlamentario en torno a los controles sobre la tenencia de armas y explosivos haya culminado en un decepcionante fiasco. Al final de un duro enfrentamiento alentado por lo ocurrido en Boston, el proyecto se perdió en el Senado por un estrecho número de votos, producto del cambio de posición de algunos legisladores. Lástima, pero el debate continuará.
Tras lo sucedido en Boston y el Senado, la poderosa explosión de una planta de fertilizantes, el miércoles por la noche, en Texas, vino a señalar la negligencia oficial en temas críticos de la seguridad ciudadana. La magnitud del episodio resalta por los daños físicos y personales. El gigantesco depósito de material inflamable estaba rodeado de viviendas, un asilo de ancianos, un campo de deportes y otras edificaciones inconexas con el negocio de los fertilizantes.
La potencia de las explosiones acabó arrasando el equivalente de cinco cuadras de viviendas y locales comerciales. Su impacto fue registrado por los servicios geodésicos como un terremoto. Por si faltaran más causas de frustración y enojo, los propietarios de la planta fueron advertidos en el 2006 por las autoridades sobre fallas de seguridad del complejo industrial y comercial. Obviamente, no hubo seguimiento de las quejas, hecho que ahora emerge para subrayar la gravedad de lo ocurrido. Hasta el jueves, el número de muertes ascendía a 15, pero el recuento apenas empezaba.
Paralelo a lo sucedido en Texas, las autoridades identificaron al autor de varias cartas impregnadas de ricina y dirigidas al presidente Obama. Dichosamente, hasta ahora no se conocen víctimas.
La serie de trágicos eventos, en cualquier caso, ha venido a ensombrecer el acontecer diario de Estados Unidos. Todos los sucesos son muy graves, pero más el de Boston porque afecta valores fundamentales de seguridad de miles de familias. Asimismo, su vinculación con el terrorismo mundial plantea serios cuestionamientos con respecto a la organización y eficacia de la seguridad ciudadana.
