Ni el apego a una legalidad injusta y mal concebida ni la decapitación del mensajero resolverán los problemas del régimen de pensiones de la Corte

 20 junio, 2014

La Corte Plena ordenó suspender la aplicación de la llamada “regla IV” a los empleados judiciales. La norma les permite acogerse a la pensión a los 55 años con el promedio de los últimos doce salarios como base de cálculo de la jubilación. La norma es ruinosa para el régimen de pensiones y costó ¢4.000 millones al fondo especial del Poder Judicial en los doce años posteriores al 2000.

La Superintendencia de Pensiones (Supén) y dos informes internos de la propia Corte coinciden en señalar la ilegalidad de la norma. Los magistrados adoptaron la resolución de suspender la aplicación de los beneficios por unanimidad, mientras se resuelve en definitiva sobre la compatibilidad de la regla IV con la ley. Es una buena noticia para la sociedad costarricense y para los empleados más jóvenes del Poder Judicial.

El beneficio social consiste en la necesidad de reducir los peligros que un debilitamiento del régimen de pensiones judiciales plantea para la economía nacional. El sistema cuenta con la garantía del Estado y, si fuera necesario hacerla valer, las consecuencias para el presupuesto nacional serían incosteables en el marco del déficit fiscal. Si los privilegios excesivos se mantienen, los empleados más jóvenes, cuyas cotizaciones son altas, asumen el riesgo de llegar a la edad de jubilación con un régimen maltrecho.

No todos los funcionarios jóvenes comprenden el riesgo. El examen legal de la regla IV es solo un aspecto del problema. Los fallos judiciales no tienen la virtud de sanear los déficits financieros. Los tribunales lo comprenden y, por eso, no condenan a los jerarcas de gobierno cuando incumplen mandatos de gasto para los cuales no hay contenido económico.

Hay buenos motivos para pensar que la regla IV no resistirá el escrutinio legal, pero, si lo hiciera, el problema financiero no tendría solución, no importa cuántas sentencias dicten los tribunales. Sea legal o ilegal, quienes aprobaron la norma no pensaron en su impacto sobre el régimen y, eventualmente, sobre las finanzas del país. Tampoco contemplaron el más elemental sentido de la justicia.

Otra solución ficticia consiste en decapitar al mensajero. La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) planteó una acción de inconstitucionalidad para librar al régimen de pensiones del Poder Judicial de la supervisión de la Supén. La tarea le fue asignada a la Superintendencia por la Ley de Protección al Trabajador, pero los recurrentes argumentan que el Poder Judicial es un órgano creado por la Constitución y solo puede ser fiscalizado por otro del mismo rango.

En otras palabras, la creación de un organismo técnico, especializado en materia de pensiones, es útil para cualquier otro régimen, pero no para el especialísimo sistema del Poder Judicial, cuyos privilegios no se limitan a los dispendiosos beneficios. También hay excepcionalidad en cuanto a la supervisión, que recaería sobre la Contraloría General de la República, órgano de rango constitucional, pero ajeno a la materia de pensiones.

La pretensión de evitar la supervisión de la Superintendencia es una nueva señal de alarma sobre los problemas incubados en el régimen de pensiones del Poder Judicial. El temor a la supervisión de la Supén nace de sus frecuentes denuncias y observaciones sobre las posibilidades de sostener el régimen. Si no fuera por la Superintendencia, muchos datos vitales no serían conocidos. Ni el apego a una legalidad injusta y mal concebida ni la decapitación del mensajero resolverán los problemas del régimen, porque no se puede hacer chocolate sin cacao.

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