La capacitación de 98 funcionarios, durante dos o tres días, a razón de ¢470.000 por cabeza, le costó al banco ¢46 millones

 2 diciembre, 2015

El diputado Víctor Hugo Morales Zapata, dice su cuñado Danilo Vargas, no es un mal tipo, pero no se le ocurriría recurrir a él para facilitar la obtención de un lucrativo contrato con el Banco Popular. Hay tres razones: sería ilegal, hay entre ellos diferencias ideológicas y el diputado tiene “cualquier cantidad de enemigos”.

Morales Zapata, del Partido Acción Ciudadana, es de tendencia “socialista”, afirma Vargas, y él es decididamente capitalista. Los enemigos del diputado impiden considerar la relación familiar un beneficio. Esa circunstancia más bien le ha generado problemas, dice el empresario.

El legislador es una de las personas más influyentes en el Banco Popular. Su relación con la entidad data de hace unos 20 años, fue presidente del directorio de la Asamblea Nacional de Trabajadores y recomendó al gobierno el nombramiento de miembros de la actual junta directiva. Sin embargo, asegura no haber formulado recomendación alguna de los servicios de su cuñado.

Según el legislador, es posible que su cuñado tenga conocidos en el Banco “por su propio y lógico desarrollo comercial”. Vargas dice haber logrado el contrato con solo inscribirse en el Departamento de Proveeduría y plantear la oferta de los seminarios. Así, le contrataron sin concurso la capacitación de 98 funcionarios, a razón de ¢470.000 por cabeza, para un total de ¢46 millones.

Los cursos duran entre dos y tres días (entre 16 y 24 horas). Su costo por persona equivale a un semestre de la carrera de Derecho, con cuatro cursos, en una universidad privada. Pero la materia es otra. Los funcionarios del Banco Popular recibieron capacitación en liderazgo.

El diputado y el empresario coinciden en señalar que los seminarios son abiertos al público y cualquiera los puede contratar, pero Vargas admite que en este caso solo tuvo alumnos del Banco Popular. “Es una gran ventaja. Usted saca un seminario y se lo compran todo de un solo. Mejor no puede ser”.

En efecto, no podría ser mejor para el contratista, quien le da gracias a Dios por la feliz decisión del Banco y contesta con “cero estrés” las inquietudes de los periodistas sobre la contratación, aunque no entiende “cuál sería el fin” de las preguntas.

El fin es aclarar el buen uso de los fondos públicos, obligatoriamente aportados por los trabajadores costarricenses al Banco Popular. De las declaraciones de don Danilo Vargas se desprende una espontánea iniciativa de los funcionarios del Banco para contratar los servicios de capacitación a una empresa inscrita en su registro de proveedores, con escaso historial (comenzó a ofrecer los seminarios a finales del 2013) y sin concurso, por la nada despreciable suma de ¢46 millones.

Según la oficina de comunicación corporativa del Banco, la capacitación en temas de liderazgo y trabajo en equipo, mediante “determinadas metodologías”, son “fundamentales”, pero se les preguntó cómo nació el interés en esos seminarios en particular y la respuesta no lo aclara. Es preciso saber quién decidió la contratación, cuál fue el proceso de decisión y por qué se estimó importante ofrecer los cursos con la metodología específica del proveedor contratado.

En especial, es importante conocer la ventaja competitiva obtenida por el Banco mediante los cursos. Los contratos de capacitación y asesoría pueden producir resultados etéreos, difíciles de precisar. Quizá por eso el Partido Acción Ciudadana prometió, una y otra vez, moderar el gasto en esos rubros. La contratación del Banco Popular se vincula, así, directamente con las políticas ofrecidas por el gobierno. La pertinencia y utilidad de los seminarios determinaría la fidelidad de los directivos nombrados por la Casa Presidencial a los prometidos principios de buena administración, austeridad y racionalidad. El gobierno debe investigar el caso para despejar cualquier duda.