Seguros ‘baraticos’

A la cabeza de las manifestaciones se pusieron líderes sindicales que vieron en ellas una oportunidad para figurar como dirigentes de un nuevo “sector”, desaparecido apenas el Gobierno cedió y les permitió pagar coberturas ridículas e insuficientes para sufragar los gastos médicos generados por la alta siniestralidad en ese tipo de vehículos. Los supuestos “defensores” de la seguridad social le causaron, así, un nuevo daño.

También dañaron al Instituto Nacional de Seguros (INS), donde la mitad de los ingresos de la póliza obligatoria que pagan los automóviles se destinaron a la cobertura de accidentes de motocicletas, aunque solo representan el 18% del parque vehicular asegurado. Los siniestros en moto son demasiado frecuentes y sus costos mayores, dada la gravedad de las lesiones resultantes.

Daño sufrieron, por su parte, los demás asegurados, sin importar si conducen vehículos de trabajo, familiares o de cualquier otra naturaleza. Según el acuerdo alcanzado en el 2012, los motociclistas pueden optar, a bajo costo, entre una póliza de ¢3,5 millones y otra de ¢6 millones. El 95% se decidió por la primera, como era de esperar. Los demás conductores no tienen alternativas.

El sistema funciona como diseñado en un manicomio. En muy poco tiempo, en muchos casos en la sala de emergencia, los accidentados en motocicleta agotan la cobertura de ¢3,5 millones. Hasta ese monto paga el INS, y la Caja se hace cargo del resto. Así acumula miles de millones en cuentas por cobrar, con muy pocas esperanzas de recuperar el dinero.

Las pérdidas y el número de accidentes crecen a paso alarmante. Las motocicletas son el único tipo de vehículo cuya siniestralidad ha venido en aumento. En los demás casos, más bien ha disminuido, pero el resto de los asegurados, la Caja y el INS recogen la factura generada por la “democracia de las calles”, cuyo ejercicio consistió en cerrar vías, entorpecer el tránsito y hacerles difícil la vida a quienes al final terminarían pagando los platos rotos.

En su momento, Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, afirmó: “La cobertura establecida en la póliza es lo único que podemos cobrar. El resto del costo médico es un subsidio de la Caja al INS”. En realidad, es un subsidio a los motociclistas, que también sacan ventaja del INS y los demás asegurados.

Es una situación insostenible y el INS se dispone a remediarla. Eliminará la póliza de ¢3,5 millones, renunciando a parte de sus ganancias para limitar el aumento en el precio de la cobertura superior. No es la solución idónea, porque de algún otro lado saldrán las ganancias, pero, por lo menos, aminora la carga. La Superintendencia General de Seguros definirá las primas. La fijación debe ser una función técnica, fundada en análisis actuariales ejecutados con pericia.

Con su nueva decisión, el INS retoma el camino marcado por la lógica que en todo el mundo gobierna el servicio de seguros. Merece el apoyo de la opinión pública, pero, sobre todo, del Gobierno. La historia del 2012, vistas sus consecuencias, no debe repetirse. El INS dio el primer paso y ahora al Gobierno le toca proporcionar la firmeza, tan echada de menos hace tres años, cuando las bandas de motociclistas impusieron su ley en las calles, sin importar la seguridad financiera del INS y la Caja.