La empresa estatal se niega a dar a conocer sus resultados, cosa que las empresas privadas inscritas en bolsa no pueden hacer

 6 junio, 2015

La junta directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) echó mano de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Comunicaciones, aprobada al calor de la apertura telefónica celular, para declarar secreta la información de su subsidiaria Radiográfica Costarricense (Racsa), en particular los informes financieros.

Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público sufrieron el portazo cuando solicitaron a Racsa información sobre sus resultados. La ley pretende proteger la información de las empresas de comunicaciones para evitar conceder una ventaja indebida a los competidores. En consecuencia con ese espíritu, la Sala Constitucional estimó lícita la reserva cuando se trata de las actividades sometidas a la libre competencia, en este caso, la telefonía celular.

Pero la empresa estatal hoy se niega a dar a conocer sus resultados, cosa que las compañías privadas inscritas en bolsa no pueden hacer, tengan competidores o no. El mercado bursátil exige transparencia a entidades estrictamente privadas para proteger al público inversionista, pero el ICE interpreta que una entidad propiamente pública, como Racsa, está exenta de obligaciones similares.

Si el velo de secreto se hubiera desplegado con antelación, los costarricenses no sabríamos, a la fecha, de la pérdida de $15 millones en el proyecto de cómputo en la nube, los $5 millones desperdiciados en One Play, una iniciativa para ofrecer películas y series de televisión, o el fracaso de la red de fibra óptica para proveer Internet ultraveloz, que no pasó del anuncio.

La fallida inversión en el sistema de cámaras para vigilar las carreteras también permanecería en el misterio y no sabemos si en el futuro podremos preguntar por la plataforma de compras únicas del Estado, extrañamente adjudicada a la subsidiaria del ICE cuando la casa matriz estaba lista para administrar el proyecto cuyo objetivo, por ironía, es ampliar la transparencia.

Francisco Calvo, gerente general de Racsa, explicó a los diputados que la decisión de la junta directiva “pretende resguardar a las empresas del Grupo ICE de cualquier efecto negativo que pudiera derivar” de la divulgación de los informes solicitados. A juzgar por el historial de Racsa, cuyos errores recientes superan los ¢7.970 millones y necesitó, en el 2012, un préstamo de $30 millones del ICE para mantenerse a flote, los efectos negativos de dar a conocer los resultados podrían incluir la crítica pública y hasta la indignación.

Ya en el 2014 el ICE había decidido ocultar los datos de Racsa en sus estados financieros auditados y los costarricenses, verdaderos propietarios de ambas empresas, no tienen derecho a conocer su desempeño. Si no es bueno, el país, e incluso los diputados, se enterarán cuando sea demasiado tarde.

Racsa fue una de las empresas telemáticas más importantes de Latinoamérica y en 1994 se le confió la introducción comercial de Internet en el país. Llegó a dominar el 47% del mercado local de la red mundial, pero no se preparó para competir y en los primeros años de ruptura del monopolio de las telecomunicaciones, entre el 2008 y el 2011, perdió el 90% de sus ingresos. En ese último año, acumulaba ya un déficit de $12 millones.

El ICE le inyectó unos $15 millones en el 2010 y le otorgó el préstamo de $30 millones en el 2012, pero nunca ha vuelto a haber claridad sobre el papel de la subsidiaria en el nuevo mercado de las telecomunicaciones. El velo de secreto impuesto por el ICE no presagia mejoras y, mucho menos, indica confianza de la casa matriz en el destino de su subsidiaria.

El diputado Antonio Álvarez Desanti impulsa un proyecto de ley para aclarar que la confidencialidad de las empresas del ICE solo cobija los secretos industriales y el mercadeo, pero no las finanzas. Antes del complejo trámite legislativo podría ser útil elevar la consulta a la Sala IV. La transparencia en Racsa y en su casa matriz es urgente.