Salarios del sector público

El 0,43% aprobado parece una bicoca, pero cuando se le aplican las anualidades y otros beneficios, se convierte en un alza salarial de entre el 5% y el 9,17%, de nuevo, muy por encima de la inflación y sin duda ruinoso para las finanzas públicas. En el marco de sus apuros financieros, el Gobierno más bien está siendo generoso con el dinero de todos.

A fuerza de aplicar los mecanismos disparadores del salario, los empleados públicos ya ganan entre un 23% y un 50% más que sus pares de la empresa privada, sin tomar en cuenta el cúmulo de privilegios adicionales a los cuales tienen derecho por la mera fortuna de trabajar para el Estado.

Los dirigentes del sector lo saben, y a falta de una justificación de fondo para sus pretensiones, simplemente alegan la existencia de derechos “ganados” en el curso de los últimos años. Así lo hace Gilberto Cascante, dirigente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE): “Comprendo que los pluses aumentan los salarios, pero son cosas que nos hemos ido ganando poco a poco y son derechos”.

La “comprensión” no alcanza para cuestionarse la racionalidad y justicia de convocar a huelga para ir “ganando” unos “derechos” cada vez mayores; no obstante, la terrible amenaza del déficit fiscal para todos los costarricenses, incluidos los propios funcionarios públicos.

Para Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el problema son los salarios pagados en el sector privado. Es decir, a los empleados públicos es indispensable subirles los ingresos, no obstante la crisis fiscal, y al mismo tiempo es necesario llevar al resto de la población a los niveles salariales de los funcionarios públicos, quizá para que la empresa privada consiga la misma solidez financiera del Estado.

Seguir la sugerencia de don Albino es creer que un componente vital de la economía, los salarios, puede desvinculares de la realidad económica. Implica la presunción de que las empresas nacionales pueden absorber aumentos del 50% en el gasto por planillas, o mucho más si se toman en cuenta las cargas sociales.

La empresa privada vive en la realidad, no en un mundo de fantasía donde los fondos son inagotables a fuerza de endeudamiento y déficit. Inagotables, es decir, hasta el día en que definitivamente se agoten. Llevar los salarios y beneficios de la empresa privada al nivel de los otorgados al empleado público es causar inflación, desempleo y empobrecimiento del Estado mismo, por la inevitable merma de los ingresos fiscales.

Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial, se mostró sorprendido durante una reciente visita porque Costa Rica es el único país latinoamericano donde los empleados estatales ganan más. Por su parte, el ministro de Hacienda Édgar Ayales señala una verdad poco discutida: uno de los elementos de mayor peso en la desigualdad es, precisamente, la diferencia entre los beneficios del sector público y el privado.

La brecha, para mayor mal, no existe en todos los niveles de la función pública. Hay funcionarios de nivel técnico y profesional cuya compensación es menor que la de sus pares en la empresa privada. En otras palabras, el Estado es dispendioso en promedio pero descuida su competitividad salarial en funciones clave para mejorar la administración y los servicios.

Urge en Costa Rica una reforma del empleo público apta para introducir equidad y sensatez. Urge por razones fiscales y, también, de eficiencia. La cuenta, nunca debemos olvidarlo, la pagamos todos.