Los salarios del gabinete son muy bajos y dificultan atraer a profesionales de calibre. Esa es una de las tragedias de nuestra Administración Pública

 17 mayo

Este y otros gobiernos se han visto obligados a encontrar vías para procurar a los altos funcionarios ingresos suficientes. Los salarios del gabinete son muy bajos y dificultan atraer a profesionales de calibre. Esa es una de las tragedias de nuestra Administración Pública. El Estado paga en exceso a muchos funcionarios de carrera, incluidos los menos calificados, pero un ministro debe conformarse con poco.

La prueba está en los altos mandos de la actual administración cuyos sueldos corren por cuenta de la Universidad de Costa Rica. Eran profesores y decidieron mantener el salario de la casa de estudios porque habrían ganado mucho menos como ministros. La solución es cuestionable. Cuando menos, está lejos de ser ideal. También hay jubilados de regímenes especiales que prefieren seguir cobrando la pensión, porque el salario de ministro está muy por debajo.

Preferimos pagar excesos a un profesor universitario, aun mediocre, si tiene la persistencia de mantenerse en el cargo mientras acumula anualidades. Los ingresos de muchos pensionados de nivel medio del Poder Judicial son superiores a los del ministro de Justicia y, en varios casos, los subalternos ganan más que los jerarcas en el Poder Ejecutivo.

Ese es el problema de fondo y explica las peripecias de los gobiernos para reconocer sobresueldos, como la dedicación exclusiva o la prohibición de ejercer una profesión. En los más altos niveles, el Poder Ejecutivo no compite y la función pública es, con demasiada frecuencia, un sacrificio económico.

Cada nueva administración encara el problema cuando comienza a reclutar un equipo de gobierno. Ningún presidente ha dejado de quejarse, pero la situación tiene su origen en la irresponsabilidad del debate público, conducido con demagogia desde la oposición y con llamados a la cordura desde el gobierno. Tantas vestiduras se han rasgado a lo largo de tanto tiempo que el tema quedó prohibido y las nuevas administraciones se ven tentadas a encontrar soluciones creativas.

Los altos funcionarios deben ser pagados de manera competitiva, sin excesos ni mezquindades, en el marco de una legalidad inteligente, diseñada para facilitar la atracción de talento. El servicio público no puede ser una actividad exclusiva de quienes no necesitan el dinero o están dispuestos a sacrificarse. Mucho menos de quienes no pueden sobrevivir sin nombramientos políticos o de personas dispuestas a ganar poco para buscar compensación por vías ilícitas.

Con solo el importe de cinco pensiones de lujo, de esas concedidas aunque sus beneficiarios no cotizaron lo suficiente, alcanzaría para mejorar significativamente el salario de los ministros. Los 20 alcaldes mejor pagados ganan, en conjunto, más que el gabinete en pleno. Los médicos con más beneficios en el Seguro Social podrían pagar, en un mes, los salarios de ocho ministros. El tema se presta para muchas otras comparaciones.

El Partido Acción Ciudadana está cosechando la siembra de su época en la oposición. Muchas veces criticó los salarios del gabinete y se opuso a hacer ajustes. Otras agrupaciones políticas caen en idéntico error y los medios de comunicación no estamos exentos. La crítica de ajustes salariales en los altos cargos de la función pública es fuente de fáciles y espectaculares encabezados. Casi nunca hay preocupación por meter la información en contexto, comparar el cargo con sus similares en la esfera privada o en el resto de la Administración Pública.

Detrás de la discusión de los últimos días sobre la compensación de ministros y viceministros, hay una verdad indiscutible: los salarios del gabinete son demasiado bajos. Es hora de hacer a un lado la demagogia para hablar del tema con claridad y franqueza. Mientras tanto, no hay más remedio que observar la ley.

A tenor de las revelaciones de las últimas semanas, al gobierno no le será difícil encontrar, en otras administraciones, ejemplos de pluses salariales mal concedidos. Eso no justifica la práctica actual y alegar la imitación de ilícitos pasados es inaceptable en un gobierno que se presentó como opción de cambio, especialmente en estas materias. Ojalá la revelación de malas prácticas en otras administraciones se una al reconocimiento de los errores actuales para plantear las razones de fondo que condujeron a las ilicitudes en todos los tiempos y encontrar verdaderas soluciones.