Los futuros empleados del ICE recibirán un pago justo, pero no gozarán de los pluses que disparan el gasto público de manera incontrolable

 24 septiembre, 2015

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adoptó el salario global como medio de compensación para las nuevas contrataciones. Los futuros empleados recibirán un pago justo, pero no gozarán de los pluses que disparan el gasto público de manera incontrolable. La medida acordada por el Concejo Directivo el 31 de agosto merece apoyo.

Es un paso en la dirección correcta, y si bien no constituye, por sí solo, la solución de todos los problemas estructurales de la institución, contribuye a su salud financiera. El presidente ejecutivo, Carlos Obregón, admite que las medidas adoptadas hasta ahora por la entidad “están lejos de ser suficientes” y es necesario hacer esfuerzos para eliminar costos que se arrastran sin agregar valor. La decisión salarial demuestra la intención de tomar ese camino.

En una institución donde el gasto en salarios creció de ¢84.000 millones a ¢141.000 millones en los últimos cinco años, la medida solo puede ser descrita como apegada a la realidad. El carácter pragmático de la decisión se comprueba, también, con vista en los resultados de la empresa pública, que cerró el primer semestre de este año con un déficit de ¢2.200 millones.

Los buenos propósitos se hacen explícitos en las declaraciones de los voceros de la entidad: “La administración superior del ICE está decidida a controlar el rubro de remuneraciones” y los salarios de los futuros funcionarios se fijarán “bajo las condiciones salariales que refleja el mercado laboral”.

Ese alineamiento con la realidad de la inmensa mayoría de los costarricenses, incluidos miles de empleados del Gobierno Central, es urgente no solo en el ICE sino también en otras instituciones descentralizadas y empresas públicas. En Radiográfica Costarricense, dice el Ing. Obregón, el 73% de los funcionarios ya están en el régimen de salario global y, en general, el Instituto procura ahorros en horas extra y otras erogaciones.

La Contraloría General de la República, el Banco Central, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Banco Nacional, el Banco Popular y la sociedad Insurance Servicios, del Instituto Nacional de Seguros, también adoptaron el salario global para futuras contrataciones, pero queda mucho por hacer.

En primer término, es preciso que el Poder Ejecutivo despeje dudas sobre su posición en relación con el salario global. Las declaraciones han sido confusas y la falta de claridad resta ímpetu a los jerarcas de las instituciones públicas donde es preciso adoptar el sistema, cuyos efectos se verán en el futuro, porque inicialmente puede resultar más costoso, aunque no tanto como si se adoptan, de entrada, bases exorbitantes.

Si el ICE cumple la promesa de fijar los salarios con respeto a las condiciones del mercado laboral, sin permitir grandes desviaciones, y selecciona correctamente a los profesionales encargados de hacer los estudios de mercado y diseñar el manual de puestos, las economías no tardarán en presentarse.

La principal crítica de las organizaciones laborales del ICE ha sido la disparidad entre los nuevos empleados y los contratados hasta ahora, con pleno goce de todos los pluses salariales. Pero perpetuar los sistemas de compensación existentes, simplemente porque están ahí, no es realista en las condiciones actuales del país. Por otra parte, la diferencia entre las remuneraciones de privilegio y las nuevas no han sido problema en casos como el de Racsa.

En el Instituto Nacional de Seguros, José Luis Soto, secretario general de la Unión de Empleados, dijo estar abierto a la revisión de costos salariales y no salariales para lograr mayor competitividad. Esa actitud demuestra un contacto con la realidad que no parece estar presente entre los dirigentes del ICE. Rolando Coto, director ejecutivo del Sindicato de Empleados del Banco Central, opinó que el salario único es un buen sistema, aunque señaló el posible desestímulo para los nuevos empleados y algunos desfases con la legislación general del sector público.

Cobrar conciencia de las medidas necesarias para consolidar financieramente a las instituciones públicas es el mejor medio para defender su existencia y eso solo será posible si se abandona la mentalidad de extracción vigente en amplios sectores de la administración descentralizada.