En octubre, el ministro de Hacienda anunció para el primer trimestre del 2015 el envío al Congreso de un proyecto de reforma del empleo público

 31 julio, 2015

El 3 de octubre del 2014, un titular de La Nación informó de los proyectos de ley planeados por el Ministerio de Hacienda para revisar salarios públicos, controlar las pensiones, reducir exoneraciones fiscales y aumentar impuestos. Todos estaban en fase de preparación, dijo el ministro Helio Fallas ante el plenario de la Asamblea Legislativa. La ley de empleo público, explicó, revisaría el sistema de remuneraciones y los métodos de evaluación del desempeño de los funcionarios.

Los diputados habían convocado a Fallas para cuestionar la falta de planes para enfrentar el déficit fiscal. En el curso de las cinco horas de comparecencia, el ministro puso fecha a la entrega de la propuesta sobre salarios. Según dijo, sería enviada al Congreso en el primer trimestre del 2015, junto con la iniciativa para eliminar exoneraciones.

El 23 de julio pasado, un titular de La Nación informó de que, según el ministro de Hacienda, la reforma salarial y el empleo público no son en este momento una prioridad del Gobierno. Semejantes iniciativas, explicó don Helio, “enredarían” las reformas impositivas y de pensiones en el Congreso. “El tema de los salarios públicos lo vemos a un plazo un poco más largo y lo analizamos con mucho más cuidado. No creemos que sea fácil”, afirmó.

Entre octubre del 2014 y julio de este año, lapso en que el ministro cambió de criterio, los hechos más relevantes en materia fiscal fueron la cuestionada aprobación de un presupuesto un 18% más alto y la exigencia de ajustes en el gasto planteada por el bloque legislativo opositor, ahora dominante en el Directorio y las comisiones. Sin recortes, dicen los opositores, no habrá nuevos impuestos.

Todas esas son razones de más para cumplir la promesa de octubre del 2014, pero el ministro sorprendió al país con declaraciones orientadas en sentido diametralmente contrario. Para explicar el cambio de rumbo, el ministro se apoyó en el resultado de sus conversaciones con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, en cuyo criterio, según dijo, el Gobierno no debe comenzar la reforma fiscal por el control del gasto en salarios.

“Cuando lo comentamos con el FMI, nos dijeron que si empezamos la reforma fiscal por ese lado, no íbamos a llegar muy lejos”, afirmó. Según el ministro, los expertos internacionales sugirieron asegurarse, por ahora, de que los aumentos salariales se equiparen con la inflación.

Lo extraño es que el FMI, en su último informe sobre Costa Rica, califica como “crítica” la reforma del empleo público y los salarios. El ministro, por otra parte, no ahonda en las razones que ahora esgrimen los funcionarios internacionales para concluir que es mejor posponer el tema salarial. ¿Estarán enterados de la poca disposición legislativa para discutir nuevos ingresos sin hablar en serio sobre el recorte de gastos? Conociendo ese detalle, el consejo que el ministro dice haber recibido del FMI es, evidentemente, muy malo.

Por su parte, el presidente, Luis Guillermo Solís, afirmó que “siempre es un buen momento para hablar” del ordenamiento de los salarios públicos, pero el debate se debe abordar “con reposo y serenidad”. Añadió que es un tema central para la discusión sobre las reformas tributarias que impulsará el Gobierno en la Asamblea Legislativa. “No se puede hablar de ingresos sin hablar de gastos, y los salarios forman parte de eso”, sentenció.

Sin embargo, la cuestión salarial no figura entre las 65 prioridades enviadas por el Ejecutivo al Congreso para conformar la agenda de sesiones extraordinarias. En la lista hay ocho proyectos relacionados con aspectos fiscales y el Gobierno advierte que pronto se les añadirán las reformas a los impuestos de ventas y de renta, pero brilla por su ausencia la de empleo público prometida en octubre y calificada como “central para la discusión” por el presidente.

Ahora, el mandatario explica la omisión. Contrario a lo dicho en los últimos días, resulta que la discusión sobre salarios públicos no vale la pena, porque las medidas tendrían efecto dentro de 18 años. Por eso decidió ser cortoplacista y exigir a la Asamblea Legislativa la aprobación de nuevos impuestos, que seguirán alimentando los excesos salariales mientras no haya gobernantes capaces de plantear el problema con valentía y cumplir sus promesas. La situación es, cuando menos, desconcertante.