Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ha demostrado su voluntad de correr velos en la Corte

 17 octubre

Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se plantó frente a Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para señalar la omisión de datos esenciales en la solicitud de desestimación de la causa seguida contra dos diputados por posible tráfico de influencias. Tan importantes son los datos omitidos que la protesta de Espinoza derivó en la reapertura del expediente, la renuncia de la fiscala subrogante, la suspensión del jefe del Ministerio Público y, en general, un remezón en el Poder Judicial como no se había visto desde los años ochenta.

El OIJ estableció la existencia de un fuerte tráfico de comunicaciones entre los legisladores y Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, pero la Fiscalía nada dijo al respecto cuando pidió a la Sala III desestimar el caso. Lo sucedido es objeto de una investigación porque indujo a error a los magistrados que respondieron afirmativamente a la petición del Ministerio Público.

En medio de tanta desazón y cuestionamiento de los tres poderes de la República, es fácil pasar por alto la decidida actuación de la policía judicial y de su jefatura. Conviene destacarla, no solo para congratularnos por su corrección y valentía en medio de tantas vergüenzas, sino para prevenir a los fuertes intereses afectados, y quizá capaces de tramar alguna represalia.

La opinión pública no puede dejar de anotar lo sucedido, a manera de agradecimiento por la labor bien ejecutada y también de reafirmación de las mejores expectativas impuestas por la sociedad a todos los funcionarios públicos. El silencio es aliado indispensable de la corrupción, el abuso y la chapucería. Es crucial y urgente romperlo y respaldar a quienes lo hacen sin dejarse amedrentar por quienes lo cultivan y premian.

Espinoza había causado molestias cuando pidió investigar posibles influencias políticas en una petición de nombramiento. Según el jefe policial, el secretario general del OIJ, Rodolfo Fernández, le manifestó estar preocupado por una llamada de Gerald Campos, subdirector de ese cuerpo policial, para pedir el nombramiento del hijo de un diputado cuyo voto contribuiría a la aprobación del presupuesto del Poder Judicial.

Fernández no sabía cómo reaccionar, porque el subdirector supuestamente le dijo que lo llamaba por petición expresa de algunos magistrados. Espinoza le reclamó a Campos no haberle informado y preguntó por la petición. El subdirector dijo haber recibido la solicitud del magistrado Celso Gamboa, ahora cuestionado por su vínculo con el importador de cemento. La conversación se dio en presencia de Adolfo Valverde, jefe de despacho del OIJ.

Espinoza no calló y pidió abrir una investigación. Poco tardó la Corte en archivarla. Los investigadores confirmaron la llamada del magistrado al subdirector del OIJ, pero dos personas dijeron, en declaraciones juradas, haber estado presentes cuando Gamboa llamó y aseguraron que tan solo preguntó si había plazas vacantes y cuáles son los requisitos para concursar por ellas.

Un informe del Ministerio Público terminó de sellar la suerte de la investigación. La Fiscalía no encontró motivo alguno para mantenerla abierta y sus conclusiones quedaron plasmadas en un documento suscrito por la fiscala subrogante Berenice Smith, precisamente la funcionaria dimitente cuando se supo de la omisión cometida en la causa contra los diputados por el caso del cemento chino. Smith también había firmado ese documento, dirigido a la Sala III, de la cual el magistrado Gamboa es integrante.