Gestionar el “riesgo reputacional” de la banca no implica mentir u ocultar información de interés público

 19 mayo, 2016

A raíz de recientes publicaciones de La Nación, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) hizo a la banca pública “un llamado de atención a la prudencia y a promover la sana discusión, en donde imperen aspectos técnicos que consideren la medición y gestión de los potenciales riesgos de reputación que pueden afectar a sus representadas”.

En suma, la Sugef pidió a los bancos discreción sobre temas que puedan afectar su reputación. Con frecuencia, esos temas son, precisamente, los que más interesan al debate público, sobre todo cuando se trata de la banca estatal, propiedad de todos los costarricenses.

Los bancos no han tardado en hacer eco de la petición de la entidad reguladora y esgrimen el “riesgo reputacional” (término en boga) como un mandato contra la transparencia. Para algunos administradores, ese riesgo consiste en posibles efectos adversos de la información pública sobre los asuntos bancarios.

Pero gestionar el “riesgo reputacional” no implica mentir u ocultar información de interés público. El daño a la reputación es solo una consecuencia del mal manejo del banco. En consecuencia, el “riesgo reputacional” se evita con buenas prácticas administrativas para que ninguna actuación del banco, al hacerse pública, pueda amenazar su buen nombre.

En una institución grande y compleja, como los bancos del Estado, hay un margen de error capaz de producir daño reputacional a pesar de las buenas prácticas. En ese caso, la mitigación del daño solo puede lograrse mediante explicaciones detalladas, incluyendo información suficiente sobre las medidas correctivas adoptadas para eliminar el riesgo.

La gestión del “riesgo reputacional” no es una licencia para mentir o suprimir información. Es, más bien, un mandato para la administración diligente, capaz de evitar los efectos adversos de una anomalía, incluida la posibilidad de su conocimiento público, que es solo eso, un efecto. La causa del “riesgo reputacional” es la anomalía. Si no hay irregularidad, no hay “riesgo reputacional”.

Urge que los directivos y administradores de la banca pública, así como la Sugef, se aboquen a la tarea de eliminar el “riesgo reputacional”, que hace tiempo pasó de mero riesgo. A eso se refiere el informe sobre la venta de Bicsa rendido por la administración del Banco Nacional a los directores el 30 de marzo cuando dice: “En las recientes sesiones del Comité de Riesgos y de Junta Directiva se ha venido señalando la seria amenaza sobre la operación de Bicsa en Miami, debido a que la agencia fue ubicada en grado de alto riesgo en materia de estabilidad tecnológica. En vista de ello, Bicsa debió suscribir un comfort letter con un plazo muy perentorio, por el cual se comprometió a solucionar ciertas vulnerabilidades y problemas tecnológicos. De manera que actualmente se encuentra bajo la amenaza de que la Fed haga un disclosure al público alertando de que el manejo de datos en Bicsa no es confiable. Esto ocasionaría graves perjuicios a ese banco”.

El “riesgo reputacional” también se hace evidente en una carta de la Reserva Federal de los Estados Unidos que cuestiona “la capacidad de supervisión para combatir las elevadas actividades de lavado de dinero” en Costa Rica y explica que las bajas calificaciones de Bicsa obedecen, también, a la falta de transparencia del sistema financiero nacional, por lo cual los propietarios de Bicsa, el Banco Nacional (49%) y el Banco de Costa Rica (51%), comparten la misma baja calificación.

Costa Rica, desafortunadamente, también comparte el “riesgo reputacional” de sus bancos públicos. Un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos la señala como incapaz de contener la creciente penetración del lavado de dinero. Esa afrenta debe cesar. Un paso en la dirección correcta es aclarar el mal uso del “riesgo reputacional” para acrecentar la opacidad del sistema e insistir en que el secreto bancario solo protege la confidencialidad e intimidad de los clientes, salvo alguna irregularidad, según lo definió la Sala IV en el caso del Banco Anglo. El secreto no puede extenderse a la administración de bancos propiedad de los costarricenses, cuyo manejo puede comprometer la reputación del país.