EscucharVelar por la seguridad de los estudiantes en escuelas y colegios es una obligación irrenunciable, no una tarea optativa. El Ministerio de Educación Pública no lo entiende así y deja en manos del director de cada centro educativo la adopción de la política que más le plazca. Unos deciden revisar los bultos a la entrada, otros no, y la ruleta rusa gira hasta señalar el sitio exacto de la próxima tragedia.
En ocasiones, las consecuencias son instantáneas y dramáticas, como sucedió la semana pasada en el Colegio Montebello, cuya directora permanece en estado crítico, baleada por un estudiante. En otras oportunidades, la tragedia es de síntomas más retardados, manifiestos en el paulatino deterioro de los jóvenes atraídos al mundo de las drogas.
Súbito o paulatino, el drama es constante, diario, y para nadie es secreto. Autoridades, educadores y padres de familia lo conocen y a estos últimos solo les queda la esperanza de que no toque a sus hijos. Es irresponsable, pues, dejar de poner en práctica cualquier medida lícita a nuestro alcance. Ninguna política, por sí sola, garantiza la seguridad en el aula. Todas las respuestas posibles, en conjunto, tampoco impedirán el incidente ocasional, pero ninguna debe ser despreciada.
La obligatoria revisión de bultos es una de las acciones más obvias y necesarias. Entre el 2006 y el 2008, la vigilancia produjo el decomiso de 191 armas de fuego, amén de las punzocortantes, que son más comunes. Solo en el año 2007, las autoridades decomisaron 793 armas blancas.
La presidenta Laura Chinchilla comprendió la necesidad preventiva al calor de los dolorosos acontecimientos en el Montebello y pedirá a los directores de los colegios públicos ejercer el control debido. Desafortunadamente, el lenguaje de la mandataria no es terminante. Por lo pronto, no parece tratarse de una instrucción o exigencia. Cuando se reanude el año lectivo, pasado el actual periodo de vacaciones, doña Laura “recordará” a los directores la existencia del recurso, cuya legitimidad ya fue aprobada en la Sala IV.
La Presidenta nunca simpatizó con la medida. En enero del 2006, cuando aspiraba a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por don Óscar Arias, externó críticas y se pronunció a favor de acciones alternativas. Es hora de reconsiderar.
La revisión en nada atenta contra la dignidad de los estudiantes, acostumbrados a pasar por detectores de metal para entrar a los bancos y otras dependencias donde la seguridad es una preocupación de primer orden. Tampoco implica sospechas generalizadas o la existencia de prejuicios conducentes a una ilícita persecución de determinado tipo de alumno. En nada ofende, por ejemplo, la meticulosa revisión en los aeropuertos y oficinas públicas y privadas.
Los padres de familia, no importa cuán seguros estén de la buena conducta de sus hijos, deben ser los primeros en exigir la revisión. Si produjera un resultado desagradable, es mejor saberlo que permanecer en la ignorancia. Si no, es bueno tener algún grado de confianza en el medio donde sus hijos pasan buena parte del día.
La Presidenta anunció un conjunto de políticas complementarias, incluyendo una consulta a los jóvenes sobre los mejores métodos para evitar la violencia. El diálogo se desarrollará con aprovechamiento de las redes sociales, de uso extendido entre amplios sectores de la juventud. La mandataria también prometió una extensión del programa “El cole en nuestras manos”, cuyo propósito es promover el arte y el deporte como alternativas a actividades menos deseables.
El incremento de la vigilancia y las labores de inteligencia en las cercanías de los centros educativos, medidas prometidas por el nuevo ministro de Seguridad, también son deseables, pero la respuesta más obvia debe dejar de ser optativa y cobrar carácter de obligación impostergable.
