El diputado Gerardo Vargas, del Frente Amplio, se hizo acompañar de representantes de los autobuseros a una cita para discutir el nuevo modelo tarifario con el regulador general

 31 mayo, 2016

El 26 de marzo del 2015, el diputado Gerardo Vargas, del Frente Amplio, presentó una moción en los siguientes términos: “Para que la Comisión de Control e Ingreso del Gasto Público abra un expediente de investigación sobre un estudio realizado por la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda que se refiere a un posible caso de corrupción, daño a la Hacienda Pública por infracción al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y se llame a comparecer al ministro de Hacienda, Helio Fallas; a Carlos Vargas Durán, viceministro de Hacienda y director general de Tributación Directa; a Juan Carlos Sojo, miembro del Consejo de Transporte; y a la señora Maritza Hernández Castañeda, propietaria del Consorcio Cooperativo Metrocoop R.L., la Asociación de Transportistas del Subsector de Hatillo, Transportes 205 S.A. y Transmasoma S.A.”.

El 17 de diciembre de ese mismo año, Vargas solicitó al entonces regulador general, Dennis Meléndez, una cita para conocer detalles del nuevo método de cálculo de tarifas aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y se hizo acompañar de tres empresarios del transporte, entre ellos Maritza Hernández. El 16 de mayo, la Aresep ya tenía al frente al sustituto de Meléndez, Roberto Jiménez, y el diputado volvió a solicitar una reunión. Nuevamente se hizo acompañar de la señora Hernández, además de Jorge Arturo Herrera, de Coopana R.L., y Carlos López, de Tracasa.

En ese momento, la prensa ya había difundido los resultados de un estudio del Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs), de la Universidad de Costa Rica, hecho a petición de la Aresep. Los expertos encontraron diferencias hasta del 28% entre la cantidad de pasajeros promedio reportada por cada empresa en el 2014 y los estudios de campo hechos el año anterior. La Aresep decidió profundizar las investigaciones porque la cantidad de pasajeros afecta los costos y, por tanto, las tarifas.

Un número menor de pasajeros justifica el encarecimiento de las tarifas y si los empresarios hacen menos carreras de las autorizadas o reportan más de las hechas, sus costos disminuyen y crecen sus ganancias. Por eso, la Aresep ha estado tan interesada en la veracidad de la información proporcionada por los empresarios, hasta ahora con poco control de las autoridades.

El Produs encontró importantes inconsistencias en seis de las ocho empresas estudiadas. Una de ellas es Metrocoop, compañía presidida por Hernández para prestar servicio entre el centro de la capital y los Hatillos. La diferencia entre los reportes de la empresa a la Aresep y el estudio de Produs es del 12%, es decir, casi 135.000 pasajeros. Transportes 205, encargada de brindar el servicio en Alajuelita, también pertenece a Hernández, quien funge como presidenta de la Cámara Nacional de Transportes. En esa línea de autobuses, Produs halló diferencias del 17% en la cantidad de pasajeros reportados.

El nuevo modelo tarifario objeto de la cita gestionada por el diputado Vargas tiene entre sus objetivos velar por la integridad de la información hasta ahora brindada por los empresarios sin mayor control. De conformidad con los nuevos parámetros de regulación, la propia Aresep o el Consejo de Transporte Público serán los encargados de hacer los estudios de demanda empleados para fijar las tarifas.

El legislador dice haberse interesado en el asunto para defender al usuario. Salta a la vista la peculiaridad de emprender esa defensa de la mano de los empresarios, especialmente si el nuevo modelo procura poner orden en una materia tan polémica como los estudios de demanda, cuya solución definitiva podría estar en la adopción del cobro electrónico, frente al cual algunos autobuseros no cesan de oponer objeciones.