Otro retroceso en Nicaragua

Gracias a esta maniobra, el presidente, Daniel Ortega, ha logrado tomar el control de la Asamblea Nacional, lo cual le asegura aprobar una serie de medidas destinadas a centralizar aún más el poder político e imponer su voluntad sobre los demás poderes. Además, las posibilidades de una alianza opositora relativamente estable, para enfrentar sus ímpetus autoritarios, han quedado prácticamente anuladas, y el riesgo de que se apruebe la reelección consecutiva del mandatario ha aumentado profundamente.

Como ha ocurrido en muchas otras oportunidades de su convulsa historia, el pueblo nicaragüense, mayoritariamente democrático, ha quedado de nuevo a merced de un conjunto de dirigentes que, no importa la divisa político-ideológica que pretendan impulsar, se guían, preferentemente, por sus intereses personales más estrechos y desdeñan todo compromiso con el desarrollo, las libertades públicas y la justicia en el país.

Hasta ahora, los sandinistas contaban con 38 escaños en la Asamblea Nacional de 92. Si algo ha caracterizado a los partidos opositores es su gran incapacidad para utilizar esa mayoría en crear un bloque alrededor de posiciones mínimas, en especial el respeto a la de por sí debilitada institucionalidad del país y el rechazo a los intentos de Ortega y su grupo por gobernar arbitrariamente y perpetuarse en el mando. Por esa falta de eficacia opositora, el oficialismo ha ganado cada vez más cuotas de poder, tanto formal como informal. Su último zarpazo, sobre el que editorializamos hace pocas semanas, fue un decreto presidencial que, de forma totalmente arbitraria, mantuvo en su cargo a varios magistrados y miembros del Consejo Supremo Electoral, instrumentos del FSLN, a pesar de que se les habían vencido los términos de su nombramiento por la Asamblea.

El llamado “decretazo” suscitó un serio enfrentamiento entre Gobierno y oposición, que paralizó las sesiones legislativas, con el resultado de que los opositores no pudieron anular la medida de Ortega, y este no pudo impulsar una serie de iniciativas. Al lograr que tres diputados de la Alianza Liberal Nacionalista (ALN) y cinco de la Bancada de Unidad Nicaragüense (BUN) decidieran formar quórum y plegarse al sandinismo, se reanudaron las sesiones y se abrió el camino para que la maquinaria oficialista avance con rapidez en sus proyectos hegemónicos.

Lo anterior refleja el precario estado de la oposición nicaragüense, y la falta de real compromiso democrático de varios de sus integrantes. Pero sus problemas internos son aún más complejos y vienen desde mucho antes. La ALN es un desprendimiento del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que controla el expresidente Arnoldo Alemán. La división se produjo como reacción a su corrupto desempeño y al pacto realizado con Ortega para distribuirse el control de las instituciones. La BUN, por su parte, se formó con disidentes de esos y otros grupos. A ellos se agregan, en el abanico opositor, el Movimiento Vamos con Eduardo, del excandidato de la ALN, Eduardo Montealegre; el Movimiento Renovador Sandinista, la Bancada Democrática Nicaragüense y algunos independientes.

En medio de esta dispersión, ya Alemán anunció sus intenciones de postularse como candidato presidencial el próximo año, y en todos los grupos abundan intereses de muy diversa índole. El resultado de todo ello está a la vista, con el éxito de la maniobra de Ortega.

Se trata de una situación que, además de incrementar los peligros para la asediada democracia de Nicaragua, no hará sino detener aún más sus posibilidades de desarrollo.

En síntesis, una verdadera tragedia, a la que los ciudadanos, nuevamente, asisten como frustrados espectadores y, por supuesto, como sus mayores víctimas.