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EDITORIAL

La respuesta de la Aresep

Actualizado el 18 de agosto de 2014 a las 12:00 am

La Aresep no respondió debidamente a nuestro cuestionamiento sobre el notorio incremento en sus gastos y los cánones que cobra a las entidades reguladas

Nuestra posición, que mantenemos y reiteramos, es que el incremento del 52% en los salarios de la Aresep en los últimos cuatro años es excesivo

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Muy decepcionante resultó la respuesta de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) a nuestro editorial del pasado 4 de agosto. En vez de responder con precisión a nuestros cuestionamientos, más bien los evade y asume el papel de cuestionadora, como si nosotros fuéramos la entidad pública obligada a responder.

A los medios de comunicación nos corresponde formular interrogantes y hacer observaciones sobre el manejo de la cosa pública y, a las instituciones, explicar con suficiente rigurosidad sus actuaciones, en especial el manejo de los recursos públicos. La Aresep cree que es al revés, que nos toca demostrar en qué gastan ellos sus recursos, si se justifican o no, y el porqué de los grandes incrementos en el gasto institucional, mientras que ellos deben cuestionar nuestras intenciones para no justificar sus conductas, como cuando nos preguntan “qué es lo que buscamos”. Obviamente, se equivocan.

El principal yerro de la Aresep es no responder debidamente a nuestro cuestionamiento sobre el notorio incremento en sus gastos y los cánones que cobra a las entidades reguladas –es decir, a los usuarios de los servicios públicos que, al final, terminan pagándolos–, que subió un 52% en los últimos cuatro años (en términos brutos), cuando la inflación acumulada en ese periodo fue mucho menor. Es decir, los cánones de la Aresep se dispararon en un corto periodo de tiempo, sin que nada hubiera cambiado significativamente en ese periodo para justificar el incremento. Esa respuesta, todavía la debe.

También debe justificar el porqué de los grandes excedentes que maneja, aunque no lo cuestionamos en nuestro primer editorial, pero que aparecen muy claramente señalados en el reportaje de este diario sobre ese mismo tema, publicado hace escasas tres semanas. Una funcionaria de la Aresep dio a entender que, con base en esos excedentes, los incrementos en los cánones serían mayores en el futuro, aspecto que nos preocupa mucho y que se debería investigar por otras autoridades competentes, incluyendo el Gobierno y la Contraloría General de la Republica.

Cuando cuestionamos el jugoso incremento salarial de los jerarcas y otros funcionarios de esa institución, se limitan a decir que son “salarios de mercado” y, por tanto, se justifican. Pero ¿a cuál mercado se refieren? Obviamente, al mercado de salarios del sector público, el más distorsionado, abusivo y cuestionado de todos, donde los servidores públicos se han servido con la cuchara grande y prevalecen remuneraciones muy por encima de las que rigen en el sector privado.

La Aresep nos acusa de faltar a la verdad. El titular de su respuesta dice: “Editorial falta a la verdad”. ¿Es, acaso, distorsionar la verdad cuando cuestionamos públicamente incrementos salariales tan desproporcionados como los de la Aresep? ¿Pretendemos, con ello, promover “una regulación débil y complaciente”, como nos endilga la Aresep? Todo lo contrario. Quien pretende una regulación salarial débil y complaciente es la propia Aresep, para que su Junta Directiva continúe decretando incrementos salariales como los señalados.

Nuestra posición, que mantenemos y reiteramos, es que el incremento del 52% en los salarios de la Aresep en los últimos cuatro años es excesivo, que significa, en promedio, un 13%, mientras que a los trabajadores del sector privado les otorgaron apenas una quinta parte de ese porcentaje, y que al Gobierno, junto con la Contraloría General de la República, le corresponde tomar cartas en el asunto para reformar el sistema de remuneración de esos y otros servidores públicos.

También cuestionamos la metodología existente para fijar los cánones de cobro a las instituciones reguladas, que no ha sido claramente explicada por la Aresep. Dijimos, entre otras cosas, que el criterio de la Contraloría sobre la regulación es cuestionable, pues se basa en “la capacidad de pago del sector regulado y las horas de trabajo involucradas”. Si se hiciera un análisis más detallado de esas supuestas capacidades de pago, y las horas involucradas –aspectos que, de nuevo, no ha explicado Aresep–, probablemente revelaría impuestos y subsidios cruzados, donde a Recope, por ejemplo, se le cobra relativamente más por tener sus productos un carácter esencial y con baja elasticidad ante aumentos en los precios, por lo cual resulta muy fácil trasladarlos al consumidor como parte del costo, con la anuencia, obviamente, de la propia Aresep.

Con respecto a las otras aseveraciones contenidas en la respuesta, deseamos agregar lo siguiente: no hemos afirmado nunca que la fijación de tarifas “es algo trivial”. Al contrario, es demasiado importante como para manejarlo a la ligera. Lo que dijimos es muy distinto: que la Aresep no regula el gasto ni el funcionamiento de las entidades reguladas, lo cual sigue siendo cierto, sino las tarifas. Y algunas de ellas, como la de los combustibles, no involucran cálculos muy elaborados, pues sus costos están claramente identificados por la ley y el mercado internacional, como para justificar un cobro global equivalente al doble de lo que se carga al ICE. La Aresep sostiene lo contrario, pero no explica por qué.

Por eso, lo más conveniente es que el Gobierno ordene un estudio pormenorizado, de manera independiente, para determinar la conveniencia de mantener un canon tan elevado.

Finalmente, sobre la conveniencia de reformar las metodologías existentes para calcular las demás tarifas en los distintos servicios públicos, nuestra posición es que resulta saludable cuestionar las actuales, tomando en cuenta las metodologías existentes en otros países más desarrollados, para aprender de ellos y ver cómo se pueden incorporar mejoras en nuestro medio. De ello, solo cosas favorables podrían emanar para nuestros consumidores y, también, para garantizar mayor eficiencia en nuestras instituciones.

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