La planta hidroeléctrica de Balsa Inferior iba a costar $75 millones, pero, al final, la factura fue de $361 millones, casi cinco veces la estimación inicial. El Parque Eólico Valle Central pasó de un precio estimado en $21 millones a $54 millones. La diferencia entre las proyecciones y el costo final sería inadmisible fuera del ámbito estatal. Debería ser inadmisible también en el Estado, pero la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene el fácil recurso de cobrar sus excesos al usuario, como intentó hacerlo con la petición de un alza tarifaria del 35%.
La Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) autorizó un aumento del 18% e inició una investigación para esclarecer las causas de tantos desaciertos, cuyas víctimas son los 520.000 abonados de la CNFL. Los resultados son una larga y asombrosa lista de ligerezas, pero los responsables de la mala administración se mantienen ocultos detrás del velo de la compañía, como si la entidad jurídica se administrara a sí misma, sin intervención humana.
Tarde o temprano la cuenta la pagarán los usuarios. Es demasiado alta para cobrársela a los funcionarios, pero eso no impide establecer sus responsabilidades y las sanciones correspondientes. Los errores identificados por la Aresep pudieron evitarse con la más elemental diligencia. Son faltas, más que errores, y así deben ser tratadas.
Los estudios de prefactibilidad y factibilidad se basaron en diseños preliminares, ayunos del detalle necesario para hacer las estimaciones. La gestión fue deficiente desde el primer momento. Los estudios, dice el informe de la Aresep, obviaron factores técnicos, geográficos, sociales, ambientales, tecnológicos y de mercado, incluido el impacto económico de las inversiones sobre las ahora debilitadas finanzas de la CNFL. Cualquiera de esas omisiones habría sido grave, pero todas juntas son alarmantes.
La CNFL ni siquiera pudo probar que el análisis financiero de los proyectos contemplara el precio de compra de energía al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), “un factor determinante para valorar la viabilidad y rentabilidad” de las obras, así como su beneficio para la compañía y los usuarios.
Los proyectos partieron de supuestos cuyo posterior abandono debió constituirse en una señal de alarma. En Balsa Inferior, por ejemplo, el análisis financiero inicial partió del uso de recursos propios para ejecutar la obra. Ahora, la Aresep exigió a la CNFL encontrar nuevas fuentes de financiamiento para alivianar la carga de las deudas contraídas para construir la planta.
Entre la planificación y la ejecución de las obras medió casi una década, pero se omitió someter los proyectos a una nueva valoración de las condiciones económicas y técnicas, como lo habría exigido la mínima prudencia. La situación estudiada años atrás se dio por buena como si no hubiera pasado el tiempo.
El estudio también critica el desequilibrio del contrato firmado entre la CNFL y el ICE, encargado de la construcción. La primera se comprometió a pagar intereses moratorios por eventuales atrasos en el pago, pero la segunda no se obligó a cancelar multas por incumplimiento. La responsabilidad por imprevistos quedó a cuenta de la CNFL, no del contratista, es decir, el ICE. La contratación tuvo efectos sobre los resultados, algunos de los cuales fueron oportunamente advertidos por la auditoría de la CNFL durante la etapa de ejecución de Balsa Inferior.
Pero esas advertencias, sobre temas tan variados como el atraso en la ejecución de obras, la compra de materiales innecesarios y el pago de intereses moratorios, tampoco sirvieron para evitar el descalabro cuyas consecuencias asumirán los usuarios para completa tranquilidad de los funcionarios responsables.