Ante los diputados, la ministra de Planificación puso en evidencia el problema del empleo público y propuso, no una reforma, sino la creación de una comisión

 26 septiembre, 2015

La diputada socialcristiana Rosibel Ramos se pronunció contra la creación de una comisión legislativa mixta para analizar los desequilibrios salariales en el sector público, su impacto sobre las finanzas del país y proponer soluciones. “Eso le corresponde al presidente”, sentenció con lógica irrefutable.

“Ahora nos pasa la bola y nos dice que en un plazo de seis meses los legisladores debemos estudiar y dictaminar propuestas de empleo público y remuneraciones, cuando esa debe ser una decisión del Ejecutivo, como lo prometió en campaña”, añadió.

Con razón, la diputada reclama liderazgo a la Casa Presidencial, pero olvida que las promesas no son exclusivamente de campaña. En octubre del 2014, el Gobierno ofreció presentar un proyecto de ley sobre empleo público y a la fecha nada se sabe de esa iniciativa, salvo la cadena de contradicciones que empezó con la renuncia del ministro de Hacienda a adentrarse en el tema porque, según dijo, entorpecería la discusión de la reforma fiscal.

Luego hubo una efímera marcha atrás cuando el presidente declaró: “No se puede hablar de ingresos sin hablar de gastos, y los salarios forman parte de eso”, y calificó el tema como “central” para el planteamiento fiscal de su administración. Dos semanas después, el propio mandatario desistió de tomar decisiones porque, según su criterio, el ajuste a los sistemas de compensación tendría efecto en 18 años.

Poco después, pareció que la administración rectificaría, una vez más, cuando la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, convocó una conferencia de prensa donde anunció una nueva ronda de estudios y diagnósticos para planteárselos al país a corto plazo. Con el resultado en sus manos, la funcionaria se presentó ante los diputados, hizo una relación de hechos conocidos, evidenciando el problema, y propuso, no una reforma, sino la creación de una comisión. En el ínterin, el mandatario dijo que cada institución debe tomar sus propias decisiones.

La renuncia al liderazgo en tan importante materia contrasta con el empeño puesto en elevar impuestos. Para eso, el Gobierno no propuso una comisión ni se mostró dispuesto a esperar seis meses por un nuevo diagnóstico. Envió los proyectos, como prometió hacerlo en el caso del empleo público, y emprendió una campaña para conseguir su aprobación.

Ante los diputados, la ministra Sánchez reconoció la imposibilidad de mantener el acelerado crecimiento de los pluses salariales, documentó las brechas de compensación existentes en el Estado y enfatizó el peso de los pluses, ya superiores a los salarios base. La situación es insostenible, según el correcto y ya trillado diagnóstico, pero, a la hora de anunciar una propuesta, de sus labios no salió más que la idea de nombrar la comisión.

El enojo de la diputada Ramos es totalmente comprensible. Dijo estar dispuesta a atender el problema de los disparadores del gasto, reestructurar el empleo público, establecer topes a los pluses y apoyar iniciativas para disminuir la brecha salarial, pero no a suplantar al Ejecutivo en la tarea de marcar el rumbo, desembarazándolo del costo político de las decisiones difíciles.

Diputados de otras fracciones no tardaron en adoptar la misma actitud. Antonio Álvarez, de Liberación Nacional, se mostró sorprendido de que la propuesta consistiera en seguir haciendo estudios, lo cual, según su criterio, es una forma de evadir la obligación de meter mano en el asunto. El libertario Otto Guevara también criticó la creación de una comisión para elaborar nuevos diagnósticos, cuando ya existen varios proyectos sobre el tema.

En esta materia, podría entenderse que el Gobierno no tiene rumbo, pero no es cierto. La suma de contradicciones, evasivas y posposiciones indica una orientación clara: no hacer nada, pese a todo lo prometido.