EscucharUn escándalo de proporciones inéditas en la historia de Brasil se desborda hoy desde su foco infeccioso en la gigantesca Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.), y a lo largo y ancho del sistema institucional. El diluvio, se teme, arrancaría de cuajo a la presidencia de la nación y, con ella, la legión de políticos y hasta delincuentes que suelen enriquecerse a espaldas del pueblo.
En realidad, la avaricia de numerosos rectores que han administrado o influido en los flujos y reflujos financieros de la mayor empresa estatal de Brasil han sido, hoy y ayer, tema obligado en los medios de comunicación. Sin embargo, las presuntas dimensiones del actual escándalo generan escalofríos. Y hablamos de dinero en grande.
La crisis asomó durante la primera administración de Dilma Rousseff, actual presidenta de Brasil en su segunda gestión como jefa de Estado. La intensidad del escándalo influyó en la disminución del caudal de votantes del Partido de los Trabajadores (PT), que antes había apoyado al popularísimo Lula da Silva y a su heredera Rousseff. En cambio, el año pasado, en la segunda ronda de votación para la nueva gestión de Rousseff, el bajonazo obligó a una vuelta adicional en la que venció por un ajustadísimo margen.
Ahora, el Gobierno parece estrecharse. Este jueves, la plana mayor de Petrobras dijo adiós. La explicación a los medios fue fantasmagórica y enfocó la designación de los nuevos ejecutivos que se haría esta semana. La presidenta ya ida, Maria Gracas Silva, es una antigua amiga de la mandataria, con la que comparte sus orígenes en las favelas de Río y su ascenso a los altos estratos de la Administración gracias a sus méritos académicos.
Publicaciones del ramo de la industria señalan que, hasta hoy, la pérdida de activos de Petrobras alcanzó $22.700 millones. Asimismo, se estima que, a la fecha, las pérdidas totales suman $28.000 millones. Por otra parte, la Fiscalía del Estado informó de que, por ahora, hay 86 indiciados.
El descalabro de Petrobras ha involucrado también a Estados Unidos. La Securities and Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia federal han tenido que intervenir debido a que las acciones de Petrobras se comercian en los mercados de valores de Nueva York y Chicago. Por su parte, el Wall Street Journal señala que, desde setiembre último, la cotización de las acciones ha descendido un 60%, eliminando, con ello, $78.000 millones del valor de dichos títulos.
Otra noticia relevante es que Dilma Rousseff le ha solicitado al ministro de Hacienda, Joaquim Levy, ayudar en el desarrollo de nuevas y más modernas cuentas financieras que permitan analizar la situación de Petrobras con mayor prontitud. De igual manera, Levy ya colabora en la selección de candidatos para las plazas vacantes en la cúpula. Esta semana, a su vez, la Policía inició los interrogatorios concernientes al PT con su tesorero general.
Este trasfondo sugiere que las autoridades han empezado a configurar las rutas para cumplir con las obligaciones legales, además de las impuestas por la magnitud de las cifras en juego. Todo ese horizonte ojalá le permita a la Fiscalía enfilar las vías de las averiguaciones. También serán de inmenso interés público los resultados que arrojen las indagaciones de sospechosos e indiciados, en la medida permisible.
El proceso necesita, sobre todo, ganar legitimidad entre la ciudadanía. Con esa finalidad, es indispensable esclarecer las sospechas de millones de brasileños, respecto a que los responsables recibirán un trato especial y fácil. Las dudas que reinan en estos difíciles momentos necesitan ser atendidas mediante las actuaciones firmes y correctas de las autoridades. No hay otra opción en la defensa de los derechos cívicos.
