Una vez más, las carreras ilícitas aparecen en calles y carreteras, castigadas con severidad por la ley, pero celebradas en ausencia de quien la aplique

 19 agosto, 2014

A mediados del año pasado, en las postrimerías de la Administración Chinchilla, la viceministra de Seguridad Vial, Silvia Bolaños, anunció la decisión de coordinar, personalmente, una acción conjunta de la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial para enfrentar el fenómeno de las carreras ilegales organizadas en la vía pública.

El plan dio frutos, aunque la flagrante violación a la ley subsistió en diversas zonas de la capital, particularmente las más castigadas, como Pavas, Hacienda Vieja y Paso Ancho. Allí donde no fue posible erradicar el problema, las autoridades consiguieron disminuir su intensidad, para tranquilidad de los vecinos, seguridad de los transeúntes y economía de vidas.

Las nuevas autoridades no han anunciado sus intenciones en cuanto a la preservación del programa, pero, a juzgar por el regreso de los “picones”, cayó en el olvido o perdió sus arrestos iniciales. Una vez más, las carreras ilícitas aparecen en calles y carreteras, castigadas con severidad por la ley, pero celebradas en ausencia de quien la aplique.

Durante años, la Policía de Tránsito se declaró incapaz de enfrentar el fenómeno por falta de sanciones apropiadas. La nueva ley de tránsito estipula condenas de entre uno y tres años de prisión, además de la inhabilitación para conducir hasta por cinco años. Sin duda, es una sanción suficiente, si existe voluntad de aplicarla.

Resuelto el vacío legal, el éxito del programa lanzado en el 2013 prueba que es perfectamente posible combatir un delito necesariamente cometido en público y, casi siempre, en lugares y horarios preestablecidos. Los delincuentes deben ponerse de acuerdo para elegir el sitio y momento idóneos.

No todas las vías públicas reúnen las condiciones necesarias para alcanzar altas velocidades. Por eso, la calle principal de Pavas, ancha y recta como una flecha, es una localización preferida. La misma mala suerte tienen los habitantes y usuarios de las calles de Hacienda Vieja, Paso Ancho y otras comunidades. Por supuesto, no hay competencia sin dos o más participantes, y los delincuentes disfrutan la presencia de testigos de sus proezas. Por eso, los piques, por lo general, se celebran a horas preestablecidas.

En suma, se trata de un delito claramente definido por ley, castigado con sanciones suficientes, siempre cometido en público y, con mucha frecuencia, en lugares y horas conocidos por la Policía, cuyos agentes cuentan, además, con la colaboración de vecinos desesperados por la inseguridad y el desvelo. Las llamadas al número de emergencias 911 no tardan en avisar a las autoridades sobre la presencia de “picones”. Existe, pues, una amplísima red de informantes.

Con todas esas ventajas a su favor, la Policía debería ser capaz de proteger a los ciudadanos. No hacerlo es una desesperanzadora demostración de ineficacia ante un puñado de delincuentes cuyos desmanes cuestan vidas. Por respeto a la vida humana, a la paz de las comunidades, a la propiedad y a la autoridad necesaria para el funcionamiento de la sociedad, los piques no deben ser tolerados.

Ya no hay excusa, como la hubo en el pasado, ni falta prueba de la eficacia posible, si existe voluntad. La tarea no es exclusiva de la Policía de Tránsito. En el ambiente de los piques, con frecuencia hay drogas, armas y predisposición a la violencia, como quedó demostrado en octubre del 2012, cuando tres oficiales fueron heridos y tres patrullas quedaron abolladas y con los vidrios rotos a consecuencia de las pedradas lanzadas por los “picones” contra las autoridades enviadas a poner fin a sus competencias. Si el plan de intervención conjunta de la Administración Chinchilla dio resultados, es hora de retomarlo.

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