EscucharEl debate sobre las pensiones excesivas se centró, en los últimos días, en las jubilaciones de los magistrados, pero es un error creer que las “pensiones de lujo” son, exclusivamente, las de siete, ocho o más millones. También son de lujo las jubilaciones de un millón si el cotizante no aportó lo necesario para recibirla.
Calificar de lujosas a las pensiones exorbitantes y no a los regímenes de privilegio distorsiona el problema de los sistemas de jubilación. Si bien las pensiones multimillonarias llaman más la atención por razones obvias, el grueso del gasto está en jubilaciones menos cuantiosas, pero igualmente excesivas cuando se les compara con las otorgadas a la gran mayoría de costarricenses.
La iniquidad en esta materia quedó sembrada cuando el país aceptó la creación de una multiplicidad de regímenes diferentes, desproporcionadamente apuntalados por los recursos del Estado, sea mediante cargos directos al presupuesto nacional o por la vía de contribuciones superiores a las de los demás patronos.
La insuficiencia de las cotizaciones para sostener a los regímenes especiales, aun cuando a los aportes individuales se suman los del Estado como patrono y los del Estado como tal, explica la creciente crisis y las indebidas presiones de los sistemas de jubilación sobre las finanzas públicas.
Si a la insuficiencia de los aportes se añaden los cambios demográficos de un país que envejece, la urgencia de hallar soluciones se hace evidente. Costa Rica tendrá cada vez más pensionados y menos trabajadores cotizantes. Los regímenes especiales agravan el problema con la concesión de otros privilegios, como la reducción de la edad de retiro, que conspira con el alargamiento de la expectativa de vida para crear una tormenta perfecta.
En suma, una cantidad cada vez menor de trabajadores mantendrá durante más años a un número creciente de pensionados cuyas jubilaciones no guardan relación con las sumas cotizadas a lo largo de la vida laboral que, en muchos casos, no es tan larga como los años de retiro.
Esos son los problemas de fondo y no es bueno perderlos de vista por la espectacularidad de las pensiones más altas, que deben ser ajustadas por razones de economía y equidad, pero no resolverán las crisis y tampoco aliviarán las excesivas cargas puestas en hombros de la Hacienda Pública por los sistemas de privilegio.
En ese contexto se debe examinar, por ejemplo, la anuencia de los grupos organizados del Poder Judicial a aceptar un límite de ¢4,7 millones para las pensiones de su régimen especial. El límite afecta a los jerarcas de la Corte, pero constituye un generoso margen para las jubilaciones de los demás funcionarios. Quien iba a recibir ¢4,7 millones los obtendrá de todos modos, pero esa es también una pensión exagerada en un país donde el tope del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social ronda ¢1,5 millones y la pensión promedio no llega al 7% del límite aceptado por los funcionarios judiciales.
Cuando se haya eliminado la última jubilación superior a ¢4,7 millones, los fondos especiales seguirán en dificultades porque el desequilibrio entre beneficios y cotizaciones es más dañino en otros niveles de la pirámide burocrática, donde se producen los egresos más importantes.
El país debe evolucionar hacia un régimen único de pensiones, complementado por el sistema establecido en la Ley de Protección al Trabajador. Mientras tanto, es preciso ir alineando los sistemas de privilegio con la realidad, sin perder de vista que las pensiones más notables no son las únicas necesitadas de reforma y tampoco la causa principal de las crisis de los regímenes de jubilación especiales.
