EscucharLos costarricenses votamos, pero no elegimosLa reforma del Estado exige, necesariamente, la adopción de otras transformaciones que la fortalezcan y vigilen. Entre estas sobresalen las reformas electorales, pues estas miran, en última instancia, a la selección de los gobernantes, de los diputados y de los regidores.
La reforma del Estado es un medio cuyo fin último es el bienestar material y espiritual de los ciudadanos. Mas si el ciudadano es su causa final, también es, gracias a la investidura de gobernante, diputado, ministro, magistrado o regidor, su causa material, su hacedor. De aquí la necesidad de que la nueva legislación electoral sea profunda, no casuística o superficial; moderna, de tal manera que ponga en práctica en nuestro sistema electoral innovaciones y enseñanzas dictadas por la doctrina y la experiencia de otros países; renovadora de nuestra democracia, mediante la disposición de mecanismos de participación y representatividad más fluidos y sólidos, y, en todo, impulsadora de la excelencia de los elegidos. Este objetivo solo podrá lograrse, si se dota al ciudadano elector de oportunidades amplias e innovadoras para que, como se ha dicho, no solo vote, sino que, en verdad, elija, esto es, escoja libremente a los mejores. Mientras este anhelo no cristalice y este principio rector no inspire las reformas, todo esfuerzo vendrá a menos.
No ha de perderse ni debilitarse, por ello, esta dorada oportunidad de las reformas electorales que, además de reconquistar el principio de representatividad en toda su dimensión y lozanía, ha de tener en cuenta otros aspectos igualmente importantes para la democracia costarricense, desde el punto de vista de su eficacia. Nos referimos, principalmente, al sistema municipal, agónico no solo por falta de recursos en lo pasado (ahora cuenta con los derivados del impuesto territorial) sino por los mecanismos de elección internos en los partidos y en escala nacional. El sistema municipal se ha debilitado porque el país y los partidos no han tenido interés en la elección de sus gobiernos comunales. Así, mientras en Francia, por ejemplo, constituye un orgullo nacional y personal que los mejores ciudadanos estén al frente de las comunas, en Costa Rica se trata de un proceso accesorio, aunque hubo un tiempo en que era timbre de orgullo servir a la sociedad desde el municipio.
Si la nueva legislación pretende ser profunda y transformadora, es hora, entonces, de revisar las figuras del gobernador y del ejecutivo municipal y crear la del alcalde, es decir, una verdadera autoridad en nuestras provincias, sobre todo en San José. Nuestra capital es la mejor demostración del desvalimiento y orfandad de una ciudad por falta de autoridad. Esto no significa aumentar la burocracia, sino, por el contrario, ordenar, racionalizar, planificar y decidir. En vez de gastar muchos recursos en el mantenimiento de una entidad como el IFAM, cuya repercusión real en los gobiernos comunales ha sido tan escasa, deben buscarse otros instrumentos para revivir uno de los bastiones tradicionales de la democracia. Las actuales reformas electorales podrían incluir algunas propuestas en este sentido.
