Opinión

EDITORIAL

Una reforma universitaria clave

Actualizado el 07 de enero de 2015 a las 12:00 am

La remuneración académica debe ser más sobria, competitiva y racional

Más que buenas medidas puntuales, es necesario reformar los modelos actuales

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Una reforma universitaria clave

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En setiembre del 2013, la Contraloría de la Universidad de Costa Rica (UCR) dio una voz de alerta: si se mantiene la dinámica de incrementos salariales, la institución podría llegar a la insuficiencia económica en el 2019. La advertencia no cayó en oídos sordos. Tras ella se produjeron una serie de estudios internos que podrían generar resultados a corto plazo: ya el rector, Henning Jensen, anunció que en el 2015 se aplicarán medidas de contingencia, entre ellas la limitación en el disfrute de la dedicación exclusiva y la cancelación de cuartos de tiempo adicionales a profesores que ya tienen tiempo completo.

El 21 de octubre recién pasado, la Universidad Nacional (UNA) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV para modificar la absurda fórmula de su convención colectiva que, desde hace 40 años, regula el pago de horas extras. Según ella, en lugar de tiempo y medio, como manda nuestra legislación laboral, a sus empleados se les paga más del doble.

Si la Sala Constitucional acoge la acción de la UNA, y si la UCR ejecuta las medidas anunciadas, se producirán algunos ahorros muy necesarios para sus respectivos presupuestos, y se introducirán modestas dosis de mayor justicia en los sistemas de remuneración de ambas instituciones. No conocemos cuáles serán los planes del Instituto Tecnológico y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), pero confiamos en que, al menos, tengan en curso propuestas o acciones de índole similar.

Celebramos esas iniciativas, que van por el buen camino; sin embargo, resultan insuficientes e inadecuadas para abordar el problema de fondo que aqueja a las remuneraciones en nuestras universidades estatales. Lo que se necesita es una amplia reforma del sistema, que modifique su “lógica” y estructura, con dos objetivos centrales: reducir la carga económica total para las instituciones y, por ende, los contribuyentes, y hacer más competitivas a las universidades para atraer nuevos y mejores talentos a sus cuerpos docentes y de investigación. El sistema actual, por desgracia, conspira contra ambos propósitos.

El propio contralor de la UCR, Glenn Sittenfeld, reconoció en octubre que “el salario base no es competitivo”, pero después de 20 años de servicio “se hacen ya muy altos con respecto al resto del mercado”; es decir, insuficientes al principio, excesivos al final. Entre los factores que inciden en esta situación, que se repite con grados distintos en las otras universidades públicas, están las anualidades (incentivos por simple antigüedad), los posibles ascensos, los reconocimientos por tareas administrativas, los incentivos por régimen académico, la dedicación exclusiva y los cuartos de tiempo adicionales a tiempos completos. Estos dos últimos beneficios, además, se han manejado de forma casi indiscriminada, con lo cual se han convertido casi en otro incentivo automático, a costos enormes.

Todavía peor: al perder su carácter excepcional, la dedicación exclusiva se ha transformado en un pernicioso estímulo para la complacencia y el deterioro académico. En lugar de aplicarse a casos totalmente especiales y debidamente justificados, casi se ha convertido en una norma general que, además de extremadamente costosa, premia a quienes se sumergen de manera única en el trabajo universitario. Así, a contrapelo de lo que hacen las instituciones académicas del más alto nivel en el mundo, estimula la marginación de sus funcionarios de otros ámbitos del ejercicio profesional y promueve una inconveniente endogamia académica.

Como resultado de los injustos y caros sistemas de remuneración, un profesor con 20 años de servicio, por simple antigüedad, puede ganar hasta tres veces más que un profesional nuevo, con formación académica igual o mejor y, probablemente, más actualizado e innovador. Ante esta diferencia, y ante un mercado externo que premia el talento sobre la antigüedad, muchos jóvenes de altísimo nivel ni siquiera contemplan a las universidades como opción laboral, lo cual, a su vez, da más posibilidades para que otros de menor formación entren al sistema. Esta realidad es tan grave como el costo desmesurado del modelo.

Sabemos que los cambios de fondo son difíciles en cualquier instancia institucional, y sabemos que las universidades son particularmente conservadoras y apegadas a los intereses de sus grupos internos. Pero también las universidades son instituciones públicas que deben buscar, simultáneamente, la excelencia y la eficiencia, en un marco transparente y de rendición de cuentas al resto de la sociedad. Una reforma sustancial a sus sistemas de remuneración contribuirá con estos fines.

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