EscucharNingún partido político con aspiraciones de llegar al poder debería sustraerse de la posibilidad de reformar el reglamento legislativo en vísperas de las elecciones. Todos, sin excepción, han admitido la necesidad de hacerlo. Liberación Nacional viene insistiendo sobre el tema desde la Administración pasada y los opositores lo plantearon como única propuesta concreta de la alianza conformada para arrebatarles a los gobiernistas el control del directorio legislativo.
Las dificultades para impulsar proyectos de ley al amparo de la normativa vigente están bien probadas y ninguna de las agrupaciones participantes en la liza electoral carece de iniciativas cuya concreción exige el acuerdo del Poder Legislativo. Así las cosas, ningún programa de gobierno puede ser tomado completamente en serio, si no va acompañado de la voluntad de cambiar el reglamento.
Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Accesibilidad sin Exclusión, Unidad Socialcristiana, Renovación Costarricense y Restauración Nacional están de acuerdo en impulsar, sin demora, una agenda de cinco proyectos, entre los cuales figura la reforma reglamentaria. Acción Ciudadana y el Frente Amplio dudan de apoyar la agenda, pero, sobre todo, mantienen reservas sobre el cambio de los procedimientos parlamentarios.
¿Cómo harían esos partidos para gobernar y sacar sus propuestas adelante con una Asamblea Legislativa encallada en las obsoletas disposiciones del reglamento vigente? O piensan seguir en la llanura, con la errada consigna de ejercer la oposición por la oposición misma, o les falta convicción sobre la necesidad de materializar sus propuestas electorales.
El próximo Congreso, si las encuestas sirven para predecirlo en alguna medida, estará fragmentado, quizá tanto como el actual, quizá más. Quien gobierne estará obligado a forjar alianzas, pero el esfuerzo de hacerlo solo se verá recompensado si los acuerdos pueden salir avante o, por lo menos, tienen la posibilidad de ser votados.
Los dos partidos que hoy dudan ofrecieron, en su momento, la reforma como justificación de la toma del directorio y de la dispareja alianza creada para ejecutarla. Nada hicieron en el curso del año transcurrido entre la victoria y la disolución de la alianza, pero es de suponer su sinceridad a la hora de ofrecer el cambio. Si era necesario entonces y no fue posible ejecutarlo por el motivo que fuera, también es necesario ahora, sobre todo si son igualmente sinceras las propuestas electorales contenidas en los programas de gobierno.
Todo nuevo gobierno debería aspirar a la fijación de plazos para votar los proyectos sometidos a consideración legislativa, así como la reducción del número de sesiones habilitadas para presentar mociones en el plenario, incluyendo las de reiteración, que hoy pueden ser planteadas en tres sesiones.
También es de interés, para quien pretenda gobernar, evitar el retroceso de los proyectos a la etapa de comisión, por lo menos con las facilidades existentes para hacerlo en la actualidad. Ningún futuro gobernante podría negarse a facultar al presidente de la Asamblea y a los de las comisiones para rechazar mociones dilatorias, repetitivas o, por cualquier motivo, improcedentes, sin restar a los diputados la posibilidad de apelar esas decisiones.
La limitación del uso de la palabra a un período de tiempo asignado por fracción, no a los diputados individualmente, y la adjudicación de las dimensiones apropiadas a la función de control político, así como la adopción de medidas para promover la transparencia, también abonarían al buen gobierno que los costarricenses exigirán a quienquiera que gane las elecciones.
