EscucharEl movimiento cooperativo, por boca del Consejo Nacional de Cooperativas y el directorio de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, formuló una grave advertencia sobre el proyecto de ley que pretende reformar el Banco Popular, uno de los más importantes del país, cuyo patrimonio exige especial vigilancia por lo cuantioso y por su origen en la contribución forzosa de todos los trabajadores.
Es difícil creerlo, pero el proyecto lejos de fortalecer la vigilancia, la debilita. En vez de perfeccionar el gobierno corporativo, lo desdibuja. Aumenta la burocracia, crea gastos mal supervisados y abre oportunidades para el secuestro de la institución por sectores interesados.
Los representantes de la Asamblea de Trabajadores podrán incorporarse a la Junta Directiva del banco sin cumplir los requisitos establecidos para asegurar su idoneidad. La misma Asamblea asumirá funciones propias de la Junta Directiva, que se transformará, junto con la gerencia, prácticamente en un órgano ejecutor de decisiones tomadas en un organismo profundamente político y ayuno de supervisión.
El Gobierno perderá dos de sus tres representantes en la Junta Directiva, dejando en manos de la Asamblea de Trabajadores la elección de seis de los siete miembros, y bastará con que cuatro de ellos tengan un bachillerato universitario, el título más bajo en el escalafón académico.
El diputado Víctor Morales Zapata, impulsor del proyecto y por años vinculado con cooperativas y la entidad financiera, defiende los cambios como necesarios para fortalecer la autonomía de los trabajadores e incluir a personas de escasa educación en la Junta Directiva porque “hay campesinos con conocimiento suficiente para asumir esos cargos”.
Ampliar la autonomía puede ser un eufemismo para la eliminación de controles, y con el mayor respeto para la alta dignidad de la labor del campesino, no es de sus filas de donde se espera, por lo general, reclutar a los directivos bancarios. Para salir al paso de la respuesta populista a esta afirmación, es preciso decir que tampoco recomendaríamos entregar el gobierno corporativo a los periodistas. No por ser de los trabajadores debe el banco prescindir del conocimiento especializado, por las mismas razones que campesinos y periodistas acuden a un contador si se ven en la necesidad.
El proyecto de ley inventa dos nuevos sectores, los pensionados y las organizaciones de producción agrícola, ambos carentes de estructura y personería jurídica, además de estar representados, en la actualidad, por las organizaciones ya integradas a la Asamblea. Para facilitar la creación de esos sectores, la reforma los releva de tener cuentas de ahorro activas en el banco, como se les exige a los integrantes de los demás grupos representados.
El cambio corre el riesgo de ampliar el espacio a la influencia política. El lector puede imaginar cómo se elegirá a los representantes de los nuevos sectores, de tan etérea conformación, y el potencial uso de sus votos para influir en las decisiones. Abundan los cuestionamientos sobre las elecciones internas y las pugnas por controlar miles de millones constitutivos del patrimonio del Banco Popular. Es difícil imaginar por qué, en ese marco, los diputados querrían complicar el gobierno corporativo y abrir nuevas oportunidades a la maniobra política.
Remover los requisitos para integrar la Junta Directiva y desnaturalizar sus funciones para poner los ahorros de los trabajadores en manos de una asamblea susceptible a la manipulación sería un acto de irresponsabilidad, sobre todo, vista la advertencia del sector cooperativo.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conasif) no puede evadir la responsabilidad de pronunciarse sobre el tema, en particular ahora que pretende ampliar y consolidar los requisitos exigidos a los integrantes de las juntas directivas de la banca estatal.
En una institución que acaba de gastar ¢45.788.588 en un seminario de liderazgo para 98 funcionarios, impartido en dos o tres días por una empresa del cuñado del diputado Morales Zapata, es preciso meditar sobre la ampliación del presupuesto para este tipo de actividades. Según el proyecto de ley, dicen los cooperativistas, un presupuesto independiente, alejado de los controles existentes, permitiría a la Asamblea de Trabajadores organizar foros y gastar en la capacitación de delegados.
También habrá oportunidad de pagar más dietas, pues los integrantes del Directorio Nacional ganarán igual que los miembros de la Junta Directiva del banco, cuyas dietas ya son generosas.
Según el movimiento cooperativo, el proyecto revive estructuras políticas del pasado, fundadas en “cascarones” sin base asociativa, para mantener un poder hegemónico mediante lealtades personales. Crea, dicen los cooperativistas, una superestructura burocrática que sustituye las estructuras existentes en las organizaciones sociales, duplica funciones y abre la posibilidad para el “manoseo político”. La advertencia no debe ser ignorada por el plenario, adonde pronto llegará el proyecto con el aval de la Comisión de Economía Social Solidaria.
