El diputado Ottón Solís, desde hace años partidario de reformar el reglamento legislativo, celebró la votación de los cambios aprobados el lunes, pero los describió como el avance de un metro, cuando era necesario recorrer un kilómetro. En efecto, la reforma se centró en apenas un puñado de aspectos, mas no por eso deja de ser importante, sobre todo al considerar los obstáculos superados.
La enmienda reduce de cuatro a dos los días para presentar mociones de fondo con base en el artículo 137 del reglamento. Cada vez que un diputado plantea alguna, el expediente vuelve a la comisión para discutir la iniciativa. Así, el día de mociones se convierte en semanas, meses o años de trámite, según la dinámica de la comisión encargada del dictamen.
La justificación de la norma reformada es tanto más difícil cuando se toma en cuenta que las iniciativas de ley llegadas al plenario necesariamente han pasado por el tamiz de extensas discusiones y oportunidades de enmienda en la misma comisión.
En los debates no reglados, como los llevados a cabo para nombrar magistrados, defensores de los habitantes y contralores, los diputados hablarán media hora, y no una como sucedía antes de la reforma. A este tipo de debate pertenecen, también, las autorizaciones para el atraque de buques artillados, por ejemplo.
Muy significativa en términos de transparencia es la reforma para registrar el voto de cada diputado en los segundos debates. Esa es la única forma de establecer un registro histórico para valorar el desempeño de los representantes populares. La medida mejora la rendición de cuentas y obliga al legislador a asumir la responsabilidad de sus actuaciones.
Iniciativas más ambiciosas, propuestas en el pasado, incluían la fijación de plazos para votar los proyectos y la modificación del artículo 138, que permite presentar mociones de reiteración en tres sesiones, cuando una bastaría. Por otra parte, una enmienda al artículo 154 exigiría una votación calificada para devolver los proyectos a la comisión y, cuando eso ocurra, fijar un plazo al trámite para contar con los nuevos dictámenes en un tiempo razonable.
En su momento, también se debatió la posibilidad de facultar a la presidencia del Congreso y a las de las comisiones para rechazar mociones dilatorias, repetitivas o improcedentes. El país ha sido testigo, en muchas oportunidades, del abuso de las propuestas de enmienda con el solo fin de evitar la votación de un proyecto.
La limitación del uso de la palabra podría extenderse a otros debates, además de los contemplados en la enmienda aprobada el lunes. El tiempo sería asignado a las fracciones, y no individualmente a cada diputado, o simplemente reducirse.
A cambios como esos alude el diputado Solís cuando señala el logro del lunes como un avance de un metro en una marcha de un kilómetro. A la subsistencia de los demás problemas se refiere el diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, cuando advierte que las reformas aprobadas no impiden el abuso del reglamento. “Si creen que con esto se destraba la Asamblea, no es cierto”, sentenció.
En efecto, las enmiendas son limitadas, pero no carecen de consecuencias y es mejor avanzar un metro que permanecer en el estancamiento. Estudios independientes dan cuenta de cómo, en los últimos años, el grueso de la labor legislativa se centra en la aprobación de asuntos menores mientras subsiste una estela de problemas sin solución, muchos de ellos de gran importancia para el país.
Solo para citar un ejemplo, Costa Rica esperó años una ley de tránsito adaptada a sus actuales necesidades y todavía está fresca la advertencia de un diputado, único de su partido en aquel Congreso, que amenazó con malograrla mediante la presentación de mil mociones, si las demás fracciones se rehusaban a introducir una norma de cero tolerancia al alcohol.