EscucharTres diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) impidieron el atraque de un barco de la marina estadounidense cuya tripulación colaboró con el Organismo de Investigación Judicial y el Servicio Nacional de Guardacostas para detener, en altamar, a tres narcotraficantes con un cargamento de marihuana jamaiquina destinada al mercado costarricense.
El resultado neto de la gestión legislativa, aparte de la ingratitud para quienes ayudaron a impedir el ingreso de la droga a territorio nacional, es obstaculizar la presentación del estupefaciente como prueba ante los tribunales de justicia. Respetuosos de nuestro ordenamiento jurídico, los norteamericanos acataron la prohibición de atracar en costas nacionales. Esperaron la autorización legislativa durante 72 horas y, como no la obtuvieron, zarparon con otro rumbo.
Esa actitud desmiente los postulados de la mentalidad de Guerra Fría enraizada en los sectores decididos a entorpecer la cooperación internacional contra el trasiego de drogas. Siempre en guardia contra el imperialismo, no reparan en la constante violación de nuestra soberanía por el narcotráfico, cuyos operadores nunca han pedido permiso para ingresar a territorio nacional.
El incidente, por su gravedad, subraya la urgencia de resolver de manera definitiva el problema del patrullaje conjunto. Conceder los permisos y rescatar el contenido de convenios aplicados en el pasado reciente sin menoscabo para la independencia es una forma sabia de ejercer la soberanía.
Negarnos a la cooperación requerida para la defensa de nuestra sociedad es un estéril alarde de la independencia que nadie nos niega. Costa Rica es soberana, y los buques estadounidenses lo reconocen cada vez que piden un permiso. Lo hacen, sobre todo, cuando la autorización es denegada. Rehusar recibir prueba contra el narcotráfico por razones tan vanas, en particular cuando la droga estaba destinada al mercado interno, es inexplicable.
Los diputados Juan Carlos Mendoza, Claudio Monge y Carmen Muñoz harían bien en fijarse en la actitud adoptada por un verdadero protagonista de la Guerra Fría, el presidente nicaraguense Daniel Ortega. Estados Unidos firmó un acuerdo de patrullaje conjunto con Nicaragua el 1.° de junio del 2001. El convenio, titulado “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Nicaragua sobre cooperación para suprimir el tráfico ilícito de drogas por mar y aire”, comenzó a regir el 15 de noviembre de ese año y su vigencia no ha sido puesta en duda por la administración sandinista.
El incidente del miércoles pasado también demuestra las falencias del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, a cuyo tenor tres diputados se constituyen en intérpretes absolutos de la Constitución Política y, en la práctica, definen a su antojo el ejercicio de la soberanía nacional sin importar el criterio mayoritario del Congreso.
En febrero, Juan Carlos Mendoza, a la sazón presidente de la Asamblea, se unió a Claudio Monge para impedir la votación de un permiso de ingreso mientras no se les diera la oportunidad de hacer uso de la palabra durante una hora. El PAC anunció, con aire casi magnánimo, su decisión de no objetar la votación cuando el Plenario terminara de escuchar a los legisladores.
Ahora, Mendoza y Monge impidieron la votación del permiso con idénticas razones. Insisten, una vez más, en ser escuchados. Sería de interés conocer las nuevas contribuciones de ambos al análisis del patrullaje conjunto y las razones por las que no las introdujeron en el debate de febrero. No menos interesante resultaría la oportunidad de sopesar el valor de esas novedades contra la urgencia de recibir prueba recabada en altamar por los norteamericanos en una acción espontánea contra el narcotráfico.
La discusión es esencia del órgano legislativo, pero su abuso es filibusterismo.
