El Frente Amplio finalmente decidió apoyar activamente la aplicación del nuevo modelo tarifario a las empresas autobuseras

 25 marzo

La fracción del Frente Amplio finalmente decidió apoyar activamente la aplicación del nuevo modelo tarifario a las empresas autobuseras. Ahora, la bancada dice haber estado de acuerdo desde siempre, pero las señales han sido muy confusas. Gerardo Vargas Varela, exjefe de fracción, acompañó a delegaciones de empresarios en sus visitas a las autoridades para procurar una revisión del modelo, aprobado luego de una larga lucha legal y burocrática donde la influencia de los transportistas se hizo sentir una y otra vez.

Fueron tres visitas, dos a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y una al ministro de Obras Públicas y Transportes. El país y los usuarios se enteraron de las gestiones por publicaciones de este diario, pues se condujeron con la mayor discreción.

La primera visita a la Aresep del legislador frenteamplista y los empresarios fue en diciembre del 2015. Hubo otra en mayo del 2016. Cuando La Nación la dio a conocer, Vargas dijo que en adelante se sometería a las decisiones de la Comisión Política del partido, cuyo pronunciamiento todavía tardó hasta setiembre. En ese mes, el órgano partidario por fin se pronunció a favor del modelo, dados sus beneficios para los usuarios.

En ese momento, la Aresep y este diario llevaban años de insistir en la necesidad de aplicar el nuevo modelo, cuya principal característica es que dejó de depender de la información suministrada por las empresas para medir la demanda. La precisión de esos datos es esencial para fijar tarifas justas a los usuarios del transporte público, entre ellos muchos de los costarricenses más humildes.

La aplicación del nuevo modelo ha causado cuatro rebajas al hilo y muchas empresas se abstienen de pedir aumentos por temor a un resultado adverso. Los beneficiarios son capas de la población a las cuales el Frente Amplio dice defender. Tardado como fue el pronunciamiento de la Comisión Política, no bastó para que el diputado Vargas, quien se había comprometido a seguir sus dictados, dejara de asistir a una nueva reunión en compañía de los transportistas, esta vez en el MOPT.

Una vez más, este diario dio a conocer la cita y el legislador la reconoció el 7 de marzo. Como en otras oportunidades, dijo haber asistido para defender a los usuarios, pero no quedó claro cómo conseguiría ese fin de la mano de los autobuseros en una misión dedicada a impedir la aprobación del modelo tarifario que ha venido resultando en rebajas. Vargas se disculpó por asistir a la reunión, lo cual despierta nuevas dudas.

Ahora, la fracción del Frente Amplio, salvo el diputado Vargas y otro legislador que se encuentra suspendido por razones disciplinarias, enviaron una carta al regulador general, Roberto Jiménez, para pedirle la aplicación del nuevo modelo, de oficio, a todas las rutas del país. Los siete congresistas firmantes justifican la petición, ahora sí, por la protección del usuario.

“Hemos visto con mucha preocupación cómo, desde su entrada en vigor, hace más de una año, su aplicación ha sido reducida a escasas cuatro experiencias (…), se han demostrado rebajas importantísimas hasta de un 30% en favor de las economías familiares y de comunidades donde se ha aplicado”, dice la carta. Es casi un eco de las razones expuestas por La Nación en infinidad de publicaciones y editoriales.

Los diputados del Frente Amplio también notaron que el modelo “fue objeto de un largo proceso de discusión y consulta” desde el año 2010, incluido el rechazo de tres recursos planteados ante la Sala Constitucional, como lo expuso este diario el 16 de julio del 2016, haciendo eco de un artículo publicado en nuestras páginas por el anterior regulador Dennis Meléndez, a quien se debe en mucho el nuevo modelo. En aquella fecha, todavía estaban frescas las gestiones del diputado Vargas y lejano el pronunciamiento de la Comisión Política, para no mencionar la carta de reciente data.

En buena hora los siete diputados decidieron apoyar una metodología tan probada, como todo, perfectible, pero que implica un enorme paso en la dirección correcta. La sectorización y el cobro electrónico, administrado por el Instituto Costarricense de Electricidad, serían un complemento ideal.