La sangrienta contribución del narcotráfico a la inseguridad, expresada en el creciente número de homicidios, ya no puede ser ignorada

 20 octubre, 2015

El número de homicidios aumenta a pasos espeluznantes. La sangrienta contribución del narcotráfico a la inseguridad ya no puede ser ignorada. Si al número de asesinatos directamente ligados con el tráfico ilícito de drogas se le suman los casos no esclarecidos, pero con características típicas de esa especie de criminalidad, las muertes violentas relacionadas con los estupefacientes superan el 40% del total.

Guerras territoriales, ajustes de cuentas y disputas en el interior de las bandas dejan un creciente rastro de muerte, especialmente, en zonas populosas de la capital, como Alajuelita y Desamparados, donde la Fuerza Pública despliega sus esfuerzos para tomar control.

El Ministerio Público ha advertido sobre la creciente peligrosidad y sofisticación del armamento utilizado en los homicidios y atribuye a los carteles mexicanos el envío y entrega de subametralladoras AK-47 y hasta granadas de mano a los narcotraficantes locales. Los conflictos del narcotráfico costarricense se resuelven con armas de guerra y ese dato, en sí mismo, es aterrorizante.

La reacción del Estado debe ser inmediata, decidida y ajustada a las características del fenómeno. El crimen organizado no se combate con los mismos recursos empleados contra la delincuencia común. La coordinación entre cuerpos policiales debe mejorar y es preciso desarrollar mayores capacidades en materia de inteligencia. Los diputados deben apurar la aprobación de instrumentos jurídicos adecuados y la judicatura haría un gran aporte si impulsa la depuración de los procedimientos para impedir la impunidad.

También es preciso estrechar los lazos de colaboración internacional, porque el país no puede controlar, por sí solo, su extensísimo territorio marítimo y aéreo. En este último aspecto, la Asamblea Legislativa lleva sobre los hombros una grave responsabilidad histórica y no siempre ha demostrado estar a la altura.

Trasnochados prejuicios ideológicos interfieren, constantemente, con la necesaria colaboración entre Costa Rica y los Estados Unidos. No hace mucho se escuchó a un diputado esgrimir la peregrina idea de que el patrullaje conjunto es contraproducente para nuestro país porque obliga a los narcotraficantes a utilizar las rutas terrestres.

El legislador carece de credenciales en el campo de la seguridad, pero opina a la luz de su ideología, como si conociera la materia. La verdad es completamente distinta. La mayor parte de la droga ingresa a nuestro territorio por vía marítima, no por la frontera sur, pese al patrullaje conjunto. Según los expertos, la proporción del trasiego marítimo podría alcanzar el 80%. Sin patrullaje, la principal vía de ingreso del narcotráfico quedaría abierta de par en par.

La mayoría de las embarcaciones detenidas son costarricenses y se dirigían a nuestras costas en el momento de la detención. Eso sin contar la importación de marihuana desde Jamaica, también por mar y en buena parte destinada al consumo local. Imaginar una disminución del narcotráfico ofreciéndole paso franco por nuestras aguas, solo es posible a partir de un rotundo desconocimiento del fenómeno.

La medida sería muy cuestionable desde otros puntos de vista, como la renuncia a cumplir obligaciones adquiridas con la comunidad internacional, pero para el país sería suicida. Costa Rica le interesa al narcotráfico como centro de paso y almacenamiento. La droga proveniente del sur se trasiega por mar y aire, más que por tierra. Disminuir la vigilancia de esas rutas de ingreso es quedar a expensas de los carteles internacionales e incrementar las cantidades residuales filtradas al mercado local, sea mediante la “pesca” de bultos dejados a la deriva por los traficantes o como consecuencia del pago en especie a los colaboradores nacionales. También crearía las condiciones para ampliar nuestro papel como estación de tránsito y almacenamiento, con serias consecuencias para la institucionalidad.

El patrullaje conjunto no es una graciosa contribución nacional al combate de un flagelo estadounidense, sino parte de la defensa indispensable de Costa Rica ante los embates del crimen organizado que ensangrienta su territorio. Es preciso profundizar la colaboración, flexibilizarla y removerle obstáculos.