EscucharHan pasado los años desde que el país enfrentó por primera vez, a gran escala, los devastadores efectos del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue, la fiebre chikunguña y el virus zika, cuya presencia ya fue detectada en El Salvador y podría darse en Costa Rica en cualquier momento. Sin embargo, el proyecto de ley destinado a establecer sanciones para los responsables de crear condiciones insalubres, aptas para la reproducción del mosquito, permanece inactivo en el Congreso.
El proyecto de ley fue introducido a la corriente legislativa en el 2014 y no ha logrado mayores avances. Roberto Castro Córdoba, jefe de la Unidad de Análisis Permanente de Situación de Salud está convencido de que el tema no está en la lista de prioridades de los diputados.
La iniciativa llegó a la Asamblea Legislativa con grandes esperanzas de pronta aprobación. El país acababa de pasar la gran epidemia de dengue del 2013, cuyas 50.000 víctimas requirieron de atención valorada en ¢3.870 millones por el Ministerio de Salud. Las condiciones naturales, el ciclo de las epidemias y la comprensión lentamente adquirida por la ciudadanía sobre la necesidad de eliminar los criaderos de mosquitos trajeron de vuelta una relativa tranquilidad y la reforma legal perdió impulso.
Pero el problema permanece. Abundan las chatarreras y basureros a cielo abierto, entre otras facilidades para la propagación del zancudo. Mientras tanto, el dengue enfermó a 15.000 personas este año y otras 4.000 fueron víctimas del chikunguña. Una persona falleció y 200 de los afectados por el dengue sufrieron la versión más grave de la enfermedad.
Las autoridades de salud temen al 2016 e insistirán en la aprobación de las multas. La Asamblea Legislativa no debe esperar a la comprobación de las peores hipótesis epidemiológicas. Es difícil imaginar razones para no apoyar el proyecto y, si existen, no deben ser difíciles de negociar para aligerar el trámite. En juego están las vidas, especialmente, de quienes ya han sufrido el dengue, porque son propensos a contraer la variedad grave, conocida como dengue hemorrágico.
El tema debe ser de especial interés para los diputados de las provincias más afectadas, Guanacaste y Puntarenas. Las comunidades de esas regiones, donde una epidemia tendría también consecuencias económicas, dado el posible efecto sobre la afluencia de turistas, deben externar preocupación ante los representantes elegidos para cuidar de sus intereses.
Pero la zozobra se extiende a todo el país. La nueva arremetida del Aedes aegypti y los males que propaga se presentará en cualquier momento. Las epidemias tenían un ciclo de dos años, pero los fenómenos climáticos El Niño y La Niña quebrantaron la regularidad y las posibilidades de una emergencia en el 2016 dependen del régimen de lluvias.
En el 2015, los casos de dengue se incrementaron a finales del año, lo cual hace temer brotes de importancia en enero y febrero. La aparición del chikunguña complica la situación, para no mencionar el peligro del zika, cuyos síntomas son similares.
El arma más eficaz contra las tres enfermedades es el control de las poblaciones de mosquitos mediante la fumigación y la eliminación de criaderos. Un irresponsable puede poner en peligro a toda la comunidad circundante, aunque los vecinos hagan lo necesario para mantener condiciones sanitarias adecuadas. Por eso los esfuerzos educativos no bastan. Las autoridades de salud necesitan instrumentos coercitivos para imponer el cumplimiento. Corresponde a la Asamblea Legislativa suministrarlos con una rapidez proporcional al tamaño de la amenaza.
