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EDITORIAL

El proyecto de presupuesto del 2017

Actualizado el 05 de septiembre de 2016 a las 12:00 am

No sería justo ignorar las mejoras en el gasto y la recaudación, cuyos frutos ya se han visto este año y se reflejan en el presupuesto para el 2017

En lo que diferimos es en la desidia sobre recortar los pluses salariales y otros rubros similares, incluidas transferencias a las universidades y las nuevas a la CCSS

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El proyecto de presupuesto del 2017

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Como lo presagiamos en un editorial sobre el tema la semana pasada, el proyecto de presupuesto nacional para el 2017 no contiene buenas noticias, a pesar de los esfuerzos realizados por contenerlo. Ahora solo quedan dos instancias –momentos diríamos– para hacer un esfuerzo final por depurarlo: uno relativamente breve en la comisión de Asuntos Hacendarios y, otro, más fugaz, en el plenario de la Asamblea Legislativa. Después, todo estará consumado. Por eso hay que aprovecharlos.

k Aspectos macroeconómicos. El proyecto crece un 12 por ciento sobre el presupuesto del 2016. Ese porcentaje representa casi el triple del crecimiento real de la producción esperado para el 2017 (4,3%) y cuatro veces más que la inflación proyectada por el Banco Central. El déficit financiero probablemente excederá el 6% del producto interno bruto (PIB), a menos que algo extraordinario suceda en la Comisión de Hacendarios. Pero, aun así, representaría una política fiscal expansiva desde el punto de vista macroeconómico, con efectos visibles en la demanda agregada, tasas de interés, balanza de pagos y tipo de cambio.

El financiamiento con recursos sanos solo llega al 54% del total de gastos presupuestados; el resto debe financiarse con deuda (46%), buena parte de la cual se destinará a gastos corrientes en contravención de lo dispuesto en la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos. La deuda acumulada del Gobierno Central se acerca al 50% del PIB (llegaría al 49,1% en diciembre del 2017), y en el financiamiento externo se apuntan varios créditos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto cercano a los $1.000 millones, lo que, independientemente de sus sanos propósitos, pondrá presión en el tipo de cambio en perjuicio del sector exportador.

k Impuestos. Los impuestos han venido creciendo satisfactoriamente, influidos, entre otros factores, por las gestiones de recaudación y el mayor crecimiento económico. Para el 2017, Hacienda formuló una estimación del crecimiento de ingresos aparentemente conservadora (8,3%), avalada por la Contraloría General de la República (CGR). De ese total, el 33% proviene de los gravámenes a las personas físicas (sueldos y salarios) y a las empresas; un 35% viene del impuesto sobre las ventas; un 11% del tributo sobre los combustibles; un 6% al consumo y un 15% corresponde a otros gravámenes. Los impuestos indirectos –consumo, ventas y combustibles– exceden el 50% de la carga tributaria total, lo cual la hace más regresiva e injusta. Si bien los impuestos directos –renta y el territorial que perciben las municipalidades– se han recuperado, representan un porcentaje relativamente menor. Bajo esa perspectiva, aumentar los gravámenes indirectos mediante la transformación de ventas en el impuesto al valor agregado (IVA) ignorando las reformas al impuesto sobre la renta, como pretenden algunos congresistas, sería un error.

k Erogaciones. El problema fiscal del Gobierno Central es muy complejo. El gasto presupuestado representa casi ¢9 billones. Si se pudiera describir gráficamente, habría que hacerlo como un monstruo de tres cabezas con muchas colas adheridas a su vientre. La primera es enorme e intocable: el servicio de la deuda, que representa casi una tercera parte del presupuesto total (32,8%) y crece un 17% frente al 2016 (explica un 44,4% del crecimiento presupuestario total, que es de un 12%).

La segunda es educación, que absorbe alrededor de un 60% de la planilla gubernamental y explica un 23% del total del crecimiento programado. Según las autoridades, en el 2017 educación se mantendrá en el mismo porcentaje del PIB que el año pasado, pero, en el futuro, tendrá que elevarse al equivalente del 8% del PIB que exige la Constitución e ir creciendo concomitantemente. Está claro que la reforma para llegar a ese alto porcentaje del PIB fue poco meditada y plasmada sin antes valorar si se podía mejorar la educación con los mismos recursos.

La tercera son las pensiones y transferencias que corren a cargo del presupuesto. Crecen un 10,6%, más del doble de la inflación, y buena parte de ellas se destina a las universidades públicas, que también las canalizan a jugosos sueldos y salarios y otros gastos cuestionables. El incremento se sustenta en acuerdos previamente celebrados entre el FEES y el Poder Ejecutivo, visiblemente abusivos y discordantes con la realidad fiscal. A los diputados les corresponderá estudiar las posibilidades legales de reducirlo.

Otras colas presupuestarias son las transferencias al PANI (fijada legalmente), municipalidades (según reforma legislativa) y las reformas laboral y procesal civil que demandarán nuevos gastos, y presumiblemente las partidas para asegurar a las empleadas domésticas, cuya responsabilidad no debería recaer en el Poder Ejecutivo sino en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

k Mejoras. No sería justo ignorar las mejoras en el gasto y la recaudación, cuyos frutos ya se han visto este año y se reflejan en el presupuesto para el 2017. La directriz presidencial sobre el empleo y las plazas vacantes, junto con la política salarial más prudente (remuneraciones es el rubro que menos crece en el 2017), permitieron reducir el crecimiento del gasto y observar el faltante primario más bajo de los últimos siete años. El aumento en la recaudación ya apuntado y el mejor manejo de la deuda por parte de la Tesorería, incluidos canjes y coordinación institucional, han logrado suficiente financiación sin presionar las tasas de interés. El reto, obviamente, es lograr los mismos resultados en el 2017. Hacienda reclama como mérito que, sin el aumento de proyectos específicos, nuevas obligaciones y servicio de la deuda, el crecimiento presupuestario neto es un 4,4%. También, que la partida de inversiones crece sustancialmente frente a la de este año, aunque parte de una base muy baja, agregamos nosotros.

k Déficit. En el presupuesto, al igual que en el programa macroeconómico del Banco Central, el déficit financiero se calcula en un 6,7% del PIB. La estimación parece un poco elevada y el resultado final podría ser ligeramente más bajo. Pero, aun así, representa un porcentaje insostenible. El déficit primario, sin incluir la amortización de la deuda, representará un 3,5% del PIB, también muy elevado. Según datos oficiales, el déficit primario acumulado a julio de este año se ha reducido a un 1,1% del PIB, nivel muy similar al observado en esos mismos meses del 2010 al 2012.

k Retos. ¿Podrán los legisladores hacer algo cuantitativamente eficaz en la Comisión de Hacendarios para reducir el déficit financiero? Aunque es un tanto dudoso, deben tratar. El gobierno aduce que las partidas que tradicionalmente han estado en el ojo de la comisión, como alimentos y bebidas, cuerpos policiales y comedores escolares, al igual que vestuario y uniformes, representan apenas un 1% del presupuesto, y eliminarlas no resolvería el problema. En eso concordamos. En lo que diferimos es en la desidia sobre recortar los pluses salariales y otros rubros similares, incluidas transferencias a las universidades y las nuevas a la CCSS. Mientras estas reformas sustanciales del Estado no se lleven a cabo, las demás medidas podrían resultar simples paliativos. En eso, los diputados afrontan el mayor de los retos.

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