EscucharLa Anexión de Guanacaste, el 25 de julio, es una tradicional fiesta cívica, de profundo significado histórico. Con la incorporación del Partido de Nicoya, Costa Rica dio un importante paso en la fragua de la nacionalidad, amplió su territorio y enriqueció su diversidad. Son estupendas razones para celebrar, pero las manifestaciones políticas amenazan con sumirlas en un segundo plano.
Tres tesis se han esbozado en días recientes sobre la pertinencia de protestar en el curso de las celebraciones. Wilmar Matarrita, excandidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio, integrante de su Asamblea Nacional y de su Comisión Política, considera necesario “aprovechar espacios como el 25 de julio para decir al gobierno que estamos disconformes”. Por eso se ha dado a la tarea de organizar una protesta en el parque de Nicoya.
El ministro de Comunicación Carlos Roverssi asume, como es de esperar, una posición diametralmente opuesta: “Lo cívico no puede ser usado para eso. Quien sale mal es la historia del país… no quisiéramos que los actos cívicos se confundan con estos reclamos”.
Marco Antonio Jiménez, alcalde liberacionista de Nicoya, no es ajeno a la manifestación de agravios en el marco de la celebración cívica y asume una posición intermedia. El año pasado se abstuvo de compartir la tarima con la presidenta Laura Chinchilla para expresar enojo por el incumplimiento de compromisos adquiridos por el gobierno con el cantón.
Este año, su actitud será diferente porque, según dijo, a siete meses de las elecciones, las manifestaciones atraen a “abanderados de partidos políticos”. Jiménez dice comprender a quienes quieren protestar, porque él mismo lo ha hecho, pero lo considera inoportuno en las circunstancias. La protesta por legítimas causas comunales es aceptable en el marco de la celebración cívica, pero no si se inspira en intereses partidarios, parece opinar el alcalde.
Sin descartar que el Ministro sea sincero en su defensa del carácter cívico de la conmemoración, hay espacio para pensar que sus motivaciones respondan a obvios motivos de conveniencia para el gobierno pero, aun así, es preciso darle razón. Los espacios de celebración cívica y conmemoración histórica no deben ser aprovechados para la protesta y mucho menos si la anima la agitación política, esperanzada en obtener de ella réditos electorales.
Ese proceder hace sospechar la incapacidad de movilizar masas y la intención de sacar ventajas oportunistas de la natural congregación de ciudadanos en el acto cívico, sin importar la consecuencias para la conmemoración propiamente dicha. Esas consecuencias pueden, más bien, convertirse en noticia y, por esa vía, en propaganda. Es cuestión de lograr una disrupción suficiente de la actividad, no importa cuantas personas se reúnan con ese propósito.
La agenda de la protesta es, también, sospechosamente amplia e incoherente. Con tal de sumar fuerzas, lo mismo da convocar a la manifestación para exigir la consolidación de ilícitas ocupaciones en las zonas costeras, que invocar razones más generales, como el desempleo y el mal estado de los caminos de lastre, o el muy específico motivo de la presencia de arsénico en el agua de Bagaces.
Siempre habrá razones para deslucir los actos cívicos y siempre habrá momentos más apropiados para la protesta legítima por esas y otras causas. La legitimidad de los agravios no justifica la disrupción de la conmemoración, cuya importancia y solemnidad exigen la presencia de quien ejerza la primera magistratura. La Presidenta debe saber que asiste para dar realce a la celebración, no para exponerse a un desaire o a las consecuencias injustificadas de una maniobra política oportunista.
