EscucharLa Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) elevará su gasto publicitario de ¢525 millones a ¢681 millones en el 2017. Parte del dinero servirá para “educar” a la población sobre el rol de la institución como garante de la seguridad energética. En otras palabras, Recope intervendrá en un debate político, más o menos vigoroso según el momento, sobre el papel de una refinadora estatal cuyas operaciones de refinamiento desaparecieron hace años.
La decisión sobre el papel y la existencia misma de Recope corresponde a la sociedad costarricense. La empresa estatal tiene detractores y defensores, pero a ella no le corresponde terciar, con uso de fondos públicos salidos del bolsillo de críticos y defensores por igual, para convencer al país de su importancia.
Recope también destinará una parte del presupuesto publicitario a informar sobre la calidad de los combustibles. Es un afán curioso para una empresa monopolística cuyos productos son comprados en el extranjero. La empresa no ganará mercado ni hará gala de especiales habilidades de refinamiento.
Las justificaciones dadas por Recope van directamente a contrapelo de las promesas de campaña formuladas por el presidente, Luis Guillermo Solís, quien insistió en reducir el gasto en publicidad al mínimo indispensable para informar, por ejemplo, sobre el cierre de una calle, pero no para hacer propaganda, como lo planea Recope.
La distancia entre los ofrecimientos del pasado y la realidad actual se hace patente en el aumento del 32% en los recursos destinados a publicidad en once instituciones autónomas este año. En conjunto, esas entidades dedicarán ¢10.128 millones a la publicidad, lo cual significa un aumento de ¢2.443 millones en relación con el año pasado.
Consultado, el gobierno, por medio de su ministro de Comunicación, respondió que se trata de instituciones autónomas, cuyo presupuesto depende de ellas mismas y ni siquiera se somete a aprobación legislativa. En otras palabras, el gobierno pretende hacer creer que carece por completo de influencia en esas entidades.
La Casa Presidencial ni siquiera ofrece una opinión sobre el aumento de los presupuestos publicitarios. Si no puede afectarlos, dada la autonomía olvidada cuando al Ejecutivo le conviene, de lo cual hay infinidad de ejemplos históricos, por lo menos podría enjuiciarlos desde su posición de liderazgo del sector público, pero pretende hacernos creer en un respeto tan grande para la autonomía institucional como para excluir la crítica. Esa actitud viola otra promesa de campaña, hasta la saciedad repetida: “con Costa Rica no se juega”.
También son autónomas las nueve instituciones que durante el último año de gobierno aumentarán el presupuesto de consultorías en ¢13.546 millones para alcanzar los ¢19.000 millones. Ese rubro fue otro de los más criticados por el Partido Acción Ciudadana cuando prometía invertir los primeros dos años de gobierno en enseñarle al país cómo gastar bien para luego pedirle un aumento en los ingresos tributarios.
Este no es el único gobierno que pasa por alto una promesa de campaña. En ocasiones, el incumplimiento incluso ha resultado necesario y saludable cuando los gobernantes se dan cuenta de que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. La experiencia ha sido constante y, visto el desgaste de la credibilidad de las instituciones, solo nos queda esperar, o desear, una campaña donde los candidatos midan sus palabras y compromisos, renuncien a la crítica fácil y eviten las exageraciones. El cumplimiento cabal se hace cada vez más importante para cimentar el compromiso de la ciudadanía con la democracia.
