Opinión

EDITORIAL

Un problema olvidado

Actualizado el 01 de diciembre de 2015 a las 12:00 am

Nuestros políticos no perciben la contaminación sónica como problema, pese a las constantes quejas de la ciudadanía

La oferta de una ciudad más silenciosa y un plan para lograrla llamaría la atención de gran número de votantes

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La cuarta parte de las denuncias en el área de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes son interpuestas por ciudadanos desesperados por el exceso de ruido. Montserrat Solano, la defensora, acierta al calificar el ruido como “una de las principales amenazas a la calidad de vida”. El fenómeno afecta seriamente la salud, la economía y hasta la educación de los jóvenes.

Innumerables estudios internacionales dan cuenta de los trastornos causados por el ruido. Según la Organización Mundial para la Salud, además de perturbar el sueño, el ruido puede causar enfermedades cardiovasculares y sicológicas, incrementar la agresividad, modificar el comportamiento social y reducir el rendimiento, sea en el trabajo o en los estudios.

Los generadores de ruido innecesario son agresores de cuya arbitrariedad la sociedad debe defenderse. En muchos casos, el efecto dañino es producto de un simple capricho, sin justificación posible. Los motores y tubos de escape alterados o defectuosos y los equipos de sonido a todo volumen son ejemplos frecuentes de este comportamiento antisocial.

En ocasiones, los infractores alegan coartadas económicas, como ocurre con los pregoneros de diversos artículos, el perifoneo y otras prácticas igualmente nocivas, en ningún caso tolerables. Con la salvedad de la ley de tránsito, provista de detalladas prohibiciones, mas ayuna de sanción por descuido de los diputados, el país cuenta con legislación para combatir el fenómeno, pero permanece en el más lamentable subdesarrollo.

En el caso del tránsito, hay equipos desaprovechados a consecuencia del defecto de la ley. Es el colmo de la irracionalidad, pero así funcionan nuestras instituciones. Los diputados tardaron años para aprobar la normativa, olvidaron incorporar el castigo y ahora estudian un proyecto para corregir ese y otros defectos. En el Congreso es difícil aprobar siquiera un proyecto tan urgente y necesario. Cuando los legisladores lo hagan, estará por verse si la ley se aplica. Para entonces, habrá legislación y equipos. No sabemos si las autoridades alegarán falta de personal, como ocurre en otros casos, con mejores leyes y la misma inoperancia.

En el Ministerio de Salud, el problema es el reglamento. Su segunda publicación está en trámite, porque la primera se hizo con defectos. Si el problema fuera nuevo, la falta de reglamentación sería comprensible, pero ya en el 2011 la Universidad de Costa Rica publicó un informe para dar la alarma sobre un 40% de incremento en la contaminación sónica. En el Ministerio, los responsables dicen tener los equipos necesarios. Hay 82 sonómetros, valorados en ¢1 millón cada uno, y los funcionarios encargados de utilizarlos reciben capacitación.

En suma, si no falta una ley, se carece del reglamento. Si hay equipos, no hay personal, y si hay personal y equipos, falta aprender a utilizarlos con “eficiencia”, según dijo Ricardo Morales, de la Unidad de Normalización de la Dirección de Protección al Ambiente Humano en el Ministerio de Salud.

En consecuencia, la lista de comentarios de la ciudadanía incorporada al reportaje publicado ayer en La Nación se lee como un inventario de la frustración y el enojo. “Nadie hace absolutamente nada. Así de sencillo, ni el Ministerio de Salud, ni la Policía de Tránsito, ni la Fuerza Pública. ¿Y la municipalidad? ¡Ni se diga! Entre todos se tiran la bola y ninguno es responsable”, dice un lector.

No obstante la importancia del tema y las manifestaciones de los ciudadanos, la indolencia trasciende del Estado a la política. Nadie se ha atrevido a plantear el problema del ruido y diseñar un plan para hacerle frente. La omisión sorprende en un país tan rico en promesas políticas, muchas de ellas incumplidas. Si consultaran las quejas recibidas por la Defensoría, la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito y otras instituciones, los candidatos presidenciales, legislativos y municipales encontrarían una veta que explotar. La oferta de una ciudad más silenciosa llamaría la atención de gran número de votantes.

La miopía demuestra hasta que punto el ruido no es percibido por nuestros políticos como problema. No es el primer caso de divorcio entre la experiencia del ciudadano y la percepción de los dirigentes.

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