El Ministerio de Justicia calcula, de modo optimista, que el hacinamiento en nuestras cárceles es un 51,4%. Es un exceso de 4.697 reos en una población total de 13.827

 21 marzo, 2015

El Ministerio de Justicia calcula, de modo optimista, que el hacinamiento en nuestras cárceles es un 51,4%. Un exceso de 4.697 reos en una población total de 13.827, distribuida en 13 cárceles. Un análisis hecho por este diario, basado en datos obtenidos luego de ganar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, detalla el problema por ámbitos individuales y acredita situaciones mucho más alarmantes.

Veinticuatro de los 135 recintos habilitados en todo el país presentan cifras de hacinamiento superiores a 101% y llegan a alcanzar el 234%. Otros 31 se ubican en un rango de entre 41% y 100%, muy por encima de los estándares de tolerancia establecidos internacionalmente. Hay 22 ámbitos cuya sobrepoblación está entre 21% y 40%.

Solo 39 de los 135 recintos no tienen sobrepoblación y 19 están en el tolerable rango definido por un máximo del 20%. Unos 10.860 reos, el 78,5% de la población carcelaria, viven en condiciones de hacinamiento excesivo, más o menos dramático según el pabellón donde estén recluidos.

Aun el cálculo optimista de las autoridades de Justicia es alarmante, sobre todo cuando se dejan atrás las estadísticas para intentar comprender su significado práctico. En el pabellón C de mediana seguridad abierta, en La Reforma, la insuficiencia de servicios sanitarios genera largas filas y ocasionales peleas. Los 199 reos hacen sus necesidades en cuclillas, en seis servicios de hueco, sin privacidad, en un espacio maloliente donde el papel higiénico escasea, según el relato publicado por este diario el domingo pasado.

A la hora de dormir, el recurso más común son los colchones de espuma, tendidos sobre el suelo, entre ratas y acomodados en filas apretadas. Muchos quedan debajo de camarotes y hasta en los baños. En la cárcel del Virilla, los reos duermen en parejas y surgen peleas por el espacio.

El problema es de larga data y, en cada administración, las autoridades de Justicia anuncian las inversiones necesarias para descongestionar las cárceles, ampliar su capacidad y construir otras. En varios casos, los jueces han decretado el cierre técnico de prisiones sobrepobladas para impedir nuevos internamientos.

El juez de ejecución de la pena Roy Murillo, responsable de la polémica orden de excarcelar a 370 reos en el 2013 para aliviar el hacinamiento, declaró, ante los miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, que el problema de la saturación carcelaria es un riesgo para la seguridad nacional, no solo porque malogra los intentos de rehabilitación de los reos, sino también por la posibilidad de fugas e incidentes violentos.

Pero los recursos nunca son suficientes y la lentitud de la burocracia nacional pospone las obras o da al traste con ellas. La aplicación de medidas alternativas, como el uso de brazaletes electrónicos para dar libertad vigilada a reos de menor peligrosidad, también tardan.

Los largos procesos penales llenan las cárceles de detenidos en régimen de prisión preventiva, en espera de juicio, pero el expedito procedimiento de los tribunales de flagrancia también contribuye a la sobrepoblación, aunque con mayor justicia por tratarse de reos con condena. La Oficina de Defensa Pública se ha quejado por el uso excesivo de la prisión preventiva y las dificultades para negociar procesos abreviados.

Es preciso trabajar en todos esos frentes, pero cualquier medida será paliativa mientras no se produzca la inversión requerida en infraestructura carcelaria. Si el Estado no cuenta con los recursos necesarios, debe estudiar otros esquemas de financiamiento.

Hay importantes razones de seguridad para urgir las soluciones pero, sobre todo, está el compromiso nacional con el respeto a los derechos humanos.