Opinión

EDITORIAL

El problema del IVM

Actualizado el 27 de junio de 2015 a las 12:00 am

Los datos oficiales dan cuenta del descenso, por cuarto año consecutivo, de los aportes al fondo de reserva

Es preciso hacer un ejercicio de voluntad política para resolver el problema estructural del régimen

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El problema del IVM

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El tiempo pasa y persisten las dudas sobre la solidez del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social. Los cuestionamientos de la Superintendencia de Pensiones (Supén) reciben tímidas respuestas, aunque en el último par de años la Caja se ha mostrado más inclinada a admitir falencias y aceptar la necesidad de reformas.

El tiempo en esta materia es un enemigo. El deterioro financiero del principal régimen de pensiones del país puede causar un problema social de grandes dimensiones, sobre todo si se toma en cuenta el envejecimiento de la población, del cual nos tienen bien advertidos los demógrafos. Unas 220.000 personas dependen del IVM en la actualidad y el número crece a paso acelerado.

Periódicamente, algún acontecimiento ofrece un atisbo a las interioridades del IVM y el panorama nunca luce alentador. Se informa del empleo de los intereses generados por el régimen para pagar pensiones y aguinaldos. Así se sacrifica el crecimiento del fondo y se le resta solidez. Sabemos de la caída del monto de las pensiones como porcentaje del salario, prevista en el año 2000, cuando se emitió el reglamento de la Ley de Protección al Trabajador. La Caja admitió, finalmente, la insuficiencia de la base contributiva de los asegurados independientes y la imposibilidad de mantener abiertos los portillos a la jubilación anticipada. Hace meses, la institución comenzó a anunciar la necesidad de una reforma de fondo.

Ahora, los datos oficiales dan cuenta del descenso, por cuarto año consecutivo, de los aportes al fondo de reserva. La Caja capitalizó un 15% menos en el 2014. Un régimen de pensiones no puede mantener la solidez si emplea reservas y rendimientos para pagar pensiones.

El estancamiento del mercado laboral y el aumento de la informalidad en el empleo afectan al IVM, cuyas arcas se nutren de las cotizaciones de 1,4 millones de trabajadores y más de 80.000 patronos. Aunque también sufre por el aumento del número de pensionados. En los últimos cinco años, el promedio de nuevos jubilados llegó a 10.300, muy por encima de los 6.500 anuales de la primera década del siglo. Ese incremento era totalmente predecible y figura como elemento importante en el debate sostenido hasta ahora entre la Supén y la Caja.

Este año, la Caja aumentó las cotizaciones obrero-patronales, pero sus proyecciones financieras no dejan duda de la insuficiencia de los nuevos recursos. La tan postergada reforma del régimen se hace urgente e inevitable, pero exige valentía porque no hay opciones populares. El tema estuvo ausente del debate electoral concluido con la elección del presidente Luis Guillermo Solís y, en la administración pasada, su sola mención suscitaba airadas respuestas de la Caja, protestas de solidez del IVM y negación de sus principales problemas.

Precisamente por eso, el nuevo superintendente de pensiones, Álvaro Ramos Chaves, no debe permitir que se acalle la discusión pública iniciada por su antecesor, Édgar Robles, con fuerte oposición de la Caja. Hay una tendencia a posponer las decisiones difíciles y solo la transparencia puede vencerla y contribuir a justificar, ante los afectados, medidas dolorosas pero necesarias.

Como lo hemos venido sosteniendo, una reforma significativa debe revisar la edad de jubilación, el monto de las cuotas y la extensión de los beneficios. Las medidas adoptadas por la Caja para modificar la base contributiva de los asegurados independientes y cerrar posibilidades de jubilación anticipada apenas pueden entenderse como la corrección de excesos enquistados en el régimen desde hace años. Es preciso hacer un ejercicio de voluntad política para resolver el problema estructural de fondo.

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