Opinión

EDITORIAL

Una prioridad nacional

Actualizado el 02 de febrero de 2017 a las 12:00 am

Urge un plan coherente para enfrentar el creciente número de accidentes en las vías nacionales

Al ritmo de enero, las estadísticas del 2017 superarán en mucho la marca establecidaen el 2016

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La matanza en las vías públicas sigue a paso firme y el gobierno parece haberlas incorporado a su idea de la rutina. Cada año bate la marca del anterior en número de muertos, pero no hay un plan para incrementar la seguridad ni sentido de urgencia en la ejecución del puñado de medidas anunciadas.

Los oficiales de tránsito serán equipados con cámaras de solapa, pero solo 25 de ellos porque no hay dinero para más. El año entrante, las autoridades podrían adquirir otras cien cámaras, pero hacen falta 500 para equipar a dos terceras partes del pequeño número de oficiales encargados de vigilar toda la red vial.

Varios años han transcurrido desde el último fracaso de la instalación de cámaras en las carreteras. El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) tardará al menos una año más para lanzar un nuevo “plan piloto” en la ruta Cañas-Liberia y en la vía entre Pérez Zeledón y la zona sur. Las primeras multas serán cargadas al marchamo del 2019. Por lo pronto, la vigilancia electrónica solo se aplicará al exceso de velocidad. Otras faltas serán incluidas en una segunda etapa.

Nadie, salvo la Dirección General de Tránsito, habla de aumentar el número de oficiales. Hay 743 para atender tres turnos en todo el país, menos los que en cada momento están ausentes por vacaciones, incapacidades y otros motivos. Para reforzarlos, la ley previó la capacitación de la Fuerza Pública y las policías municipales, pero ese proceso también ha marchado con inexplicable parsimonia.

El aumento en el número de oficiales es imposible por falta de fondos, según las autoridades, pero a lo largo y ancho del aparato estatal hay burocracia en exceso, duplicación de funciones y empleados dedicados a tareas menos urgentes que salvar vidas y aminorar el sufrimiento causado por los accidentes.

El 2013 dejó 264 muertos, el 2014 dejó 355. Hubo 388 en el 2015 y 448 en el 2016. El 2017 comenzó con una larga cadena de tragedias. Al 29 de enero, había 48 fallecidos, 1,6 al día. A ese ritmo, las estadísticas del año superarán en mucho la marca establecida en el 2016 y las muertes en carretera podrían superar los homicidios donde no intervienen vehículos, aunque esa última estadística ya alcanzó el nivel considerado epidémico por la Organización Mundial de la Salud. Los accidentes de tránsito están entre las primeras causas de fallecimientos en el país.

El domingo, un atropello múltiple acabó con la vida de tres ciclistas y obligó a internar a una cuarta víctima en la unidad de cuidados intensivos del hospital Calderón Guardia. Los deportistas transitaban por la vieja carretera entre Curridabat y Tres Ríos, donde las bicicletas están permitidas, y cumplían con todas las exigencias de seguridad existentes. El conductor de un auto deportivo, a más de cien kilómetros por hora en una zona con límite de 60, los atropelló y se dio a la fuga.

La tragedia conmovió al país pero, ese mismo día, otras cinco personas perdieron la vida en cuatro accidentes ocurridos en Siquirres, Turrialba, Miramar y Buenos Aires de Puntarenas. En todo el territorio costarricense, las muertes ponen en evidencia la inutilidad de la ley de tránsito aprobada con promesas de una rápida mejoría, merced al rigor de sus sanciones.

Mientras no aumente la vigilancia necesaria para aplicar la normativa, las calles seguirán sin ley y las estadísticas fúnebres irán en aumento. El país sí tiene los recursos necesarios para enfrentar el problema, pero carece de la capacidad administrativa y, trágicamente, del sentido de urgencia que sería de esperar a la luz de los acontecimientos, ya cotidianos. El problema debe escalar posiciones en la lista de prioridades. Urge un plan coherente para enfrentarlo.

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