Mientras la tasa de homicidios aumenta por la creciente actividad del crimen organizado, los fondos del Ministerio de Seguridad se reducen drásticamente

 11 febrero, 2016

La tasa de homicidios aumenta, en buena medida por la creciente actividad del crimen organizado. La Policía no recibe una remuneración acorde con los riesgos y esfuerzos de su trabajo. El Ministerio de Seguridad se empeña en tener presencia en las zonas más conflictivas y para lograrlo se ve en la obligación de estirar recursos escasos. Sin embargo, cae el presupuesto destinado a la seguridad ciudadana.

Tan dramática es la caída que el ministro, Gustavo Mata, teme volver a épocas cuando la alimentación de los policías consistía en arroz y frijoles, sin las carnes y pastas incorporadas a la dieta en los últimos años. A Mata también le preocupa la pérdida de capacidad operativa.

La semana pasada, el ministro visitó la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa donde señaló la reducción en un 8% del presupuesto de Seguridad Pública este año. De ¢233.000 millones, el plan de gastos bajó a ¢220.000 millones. Para empeorar la situación, el impuesto a las personas jurídicas fue declarado inconstitucional y este año la cartera perderá otros ¢40.000 millones por ese concepto.

En suma, mientras la criminalidad arrecia, especialmente la más peligrosa, el país invierte menos en combatirla. El 70% del presupuesto se destina a pagar salarios, y como ese gasto más bien aumenta, aun sin incrementar el personal, las reducciones afectan de lleno los demás rubros. Este año, la Policía no podrá comprar motos, bicicletas y carros, pese al enorme desgaste de los vehículos, asignados las 24 horas a labores de patrullaje, con distintos conductores, frecuentes persecuciones y alta siniestralidad. Si se permite el deterioro del parque vehicular, la respuesta a las llamadas de auxilio tardará cada vez más.

En diciembre del año pasado, el Ministerio compró 36.000 uniformes, pero no podrá repetir la hazaña. Unos 14.300 oficiales de la Guardia Civil, Migración, Guardacostas y otras dependencias cuentan con dos uniformes para desempeñarse en tareas totalmente incompatibles con la conservación de la ropa en buen estado. Tampoco hay posibilidad de mejorar y ampliar las instalaciones policiales.

El país no puede, ni debe, darse el lujo de tener policías en andrajos, mal alimentados, mal alojados y desprovistos de movilidad. La aprobación de un presupuesto extraordinario parece urgente, pero también la restitución del impuesto a las personas jurídicas, cuya factibilidad quedó demostrada durante el breve lapso de su existencia.

Las precarias condiciones de la Policía demuestran, una vez más, la terrible confusión de prioridades del Estado costarricense, tan pródigo a la hora de atender las exigencias de la aristocracia sindical y tan omiso cuanto toca enfrentar necesidades apremiantes, como la seguridad ciudadana.

El dinero que le falta a la Policía se despilfarra en privilegios dispensados a funcionarios públicos mucho mejor remunerados. El recorte de las anualidades, propuesto durante la discusión del presupuesto nacional, habría compensado con creces la disminución de fondos en el Ministerio de Seguridad, con la ventaja adicional de transformar el beneficio en un verdadero incentivo para mejorar el desempeño de quienes lo recibirían.

La reconsideración de las prioridades y los consiguientes ajustes llegarán tarde o temprano. El estado de cosas es insostenible. Mientras tanto, el país no puede permitir las consecuencias del recorte presupuestario en los cuerpos policiales. No puede hacerlo por gratitud hacia quienes tanto arriesgan para proteger a sus conciudadanos y tampoco por los efectos de una criminalidad creciente sobre la calidad de vida y la economía nacional.