EscucharLa Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015, divulgada el pasado jueves por la reconocida organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras (RSF), presenta un panorama general sombrío: su ejercicio ha retrocedido en todos los continentes. Para Costa Rica, sin embargo, las noticias son excelentes: nos mantuvimos en el primer lugar de América Latina en respeto a las libertades de expresión, información y comunicación. Además, avanzamos del puesto 21 en el mundo, el año pasado, al 16 ahora. Los únicos dos países que nos superan en el hemisferio son Canadá y Jamaica.
El deterioro global tiene múltiples causas, muchas de las cuales se han exacerbado en meses recientes. Entre ellas destacan, además de las políticas deliberadas de Estados totalitarios o autoritarios, la acción de grupos irregulares, en particular terroristas y narcotraficantes; los ataques contra periodistas durante manifestaciones; la impunidad de los agresores; las limitaciones por vías legales, tanto a la expresión como a las filtraciones y la confidencialidad de las fuentes, y los efectos colaterales de las crisis económicas.
Entre el 2014 y este año, RSF documenta 13 periodistas asesinados y 165 encarcelados por el cumplimiento de sus tareas, a los que se añaden 13 colaboradores y 178 “internautas” o activistas digitales apresados.
Como de costumbre, la situación más crítica en América es la de Cuba, donde, a excepción de modestas y muy reprimidas voces independientes por Internet, todos los medios de comunicación están en manos del Estado y el Partido Comunista, que los usan como instrumentos de propaganda y control ideológico. Por algo ocupa el lugar 169 entre los 180 países analizados por los expertos y observadores de la organización, mediante criterios estandarizados.
La violencia del crimen organizado, la incapacidad de las fuerzas policiales para contenerla y la impunidad rampante hacen que México tenga la segunda peor posición hemisférica. Razones similares hacen que Honduras sea el cuarto peor calificado en el continente, después de Venezuela, el cual es el país que más ha retrocedido en la clasificación. Esta carrera hacia atrás no sorprende. Conforme la situación económica se deteriora, la represión y el control estatal han venido creciendo abrumadoramente. La libertad de expresión ha sido una de sus principales víctimas. Mediante la manipulación de las frecuencias radioeléctricas, el control en las importaciones de papel, el retiro de la publicidad oficial, la sumisión del Poder Judicial, la represión contra el trabajo periodístico y la adquisición de medios independientes por sectores afines al régimen de Nicolás Maduro, el espacio para la información y discusión libres se ha reducido a su mínima expresión. Estamos, por desgracia, ante un movimiento desde el autoritarismo hacia el totalitarismo.
También genera gran inquietud la evolución de Ecuador, luego de que entrara en vigencia una “ley de medios” impulsada por el gobierno de Rafael Correa. Con el propósito declarado de introducir mayores cuotas de diversidad, respeto y responsabilidad entre los medios, los periodistas y los ciudadanos que ejercen la expresión, la ley se ha convertido, más bien, en un instrumento para controlarlos. En particular, el abusivo uso de la rectificación forzada por parte de las autoridades se ha convertido, en palabras de RSF, en “un modo de censura deliberada”. También el Gobierno ha tomado iniciativas para controlar la comunicación por vías digitales. Por este deterioro, Ecuador pierde 13 puestos y se ubica en el lugar 108 de la clasificación mundial.
En medio de este contexto, el buen desempeño de Costa Rica adquiere particular importancia, y refleja fortalezas institucionales más amplias, en particular, el respeto generalizado a los derechos humanos y la solidez de nuestro Estado de derecho. Sin embargo, la justa satisfacción no debe llamar a la complacencia. Todavía no contamos con una ley vigorosa que garantice el acceso a la información pública, aunque la Sala Constitucional ha tutelado sistemáticamente ese derecho. Las posibilidades de defensa ante los delitos de injuria, calumnia y difamación no son las más adecuadas, y la interpretación de los tribunales ha sido errática. En días recientes, el Directorio de la Asamblea Legislativa dispuso restringir la libertad de sus funcionarios administrativos para brindar información. Y existen algunos sectores minoritarios que añoran la legislación ecuatoriana.
La conclusión es que en nuestro país debemos mantener una constante alerta para ampliar las libertades existentes y frenar los esfuerzos por restringirlas. En el mundo, la tarea es mucho más difícil, sobre todo cuando están de por medio la vida y la muerte. El nuevo informe de Reporteros sin Fronteras debe ser un motor para la solidaridad.
