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EDITORIAL

Las precisiones de Bicsa

Actualizado el 29 de abril de 2016 a las 12:00 am

El Banco Internacional de Costa Rica “rechaza enfáticamente la afirmación del titular (…) sobre advertencia de lavado de capitales en la entidad”

La referencia al lavado es parte de la explicación de los motivos de la bajísima nota impuesta al banco y a sus propietarios por las autoridades estadounidenses

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A partir de nuestra información del miércoles, el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) emite un comunicado, que publicamos hoy en estas páginas, donde “rechaza enfáticamente la afirmación del titular de la publicación sobre una advertencia de lavado de capitales en la entidad” pues “en ningún lugar de ningún informe regulatorio de ninguno de los países en que Bicsa opera, se hace referencia al término ‘riesgo de lavado’ para Bicsa”.

En efecto, el informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos citado en el reportaje no dice, específicamente, “riesgo de lavado”. Cuestiona “la capacidad de supervisión para combatir las elevadas actividades de lavado de dinero” en Costa Rica. Es decir, va más allá de hablar de “riesgo” y afirma la existencia de “elevadas actividades de lavado de dinero” en el país.

La frase, mucho más fuerte que el titular de este diario, fue fielmente citada en la información del miércoles. El documento de la Reserva Federal impone a Bicsa la más baja calificación, representativa del “más alto” nivel de “problemas de supervisión”. La frase referida al lavado, publicada el miércoles, es parte de la explicación de los motivos de la bajísima nota: “La clasificación se basa también en la falta de transparencia del sistema financiero de Costa Rica con respecto a la presentación de informes sobre la suficiencia de capital del banco y los recursos limitados del país, y la capacidad para combatir las elevadas actividades de lavado de dinero y para llevar a cabo una supervisión bancaria consolidada dado el actual marco regulatorio”.

La frase, y todo el informe, se refieren específicamente a Bicsa. El lector juzgará si el titular fue más bien discreto cuando habló de riesgo de lavado y no de “elevadas actividades de lavado de dinero”. La Nación, en vista del objetivo del informe, se limitó a Bicsa, pero en ese caso el titular también pecó de discreto. El problema es mucho más extendido. Según la Reserva Federal, hay debilidades y falta de transparencia en el sistema financiero como un todo, tanto así que los propietarios de Bicsa, el Banco Nacional (49%) y el Banco de Costa Rica (51%), comparten la misma baja calificación.

La información del miércoles dio cuenta de que, según el informe, “La clasificación SOSA de Bicsa está vinculada a las organizaciones centrales, y es la misma que se asigna al BCR y al BNCR. En consecuencia, se asigna a cada entidad –BCR, BNCR y Bicsa– una calificación SOSA de 3, la cual no ha cambiado desde la clasificación anterior”.

Según la respuesta de Bicsa, “el informe de calificación es anual y lo que hace es evaluar el nivel de supervisión de las organizaciones bancarias extranjeras que operan en Estados Unidos”. De acuerdo con el informe, la calificación no varió desde el ejercicio anterior. No sabemos cuándo fue la primera calificación de 3, pero sabemos que la de noviembre del 2015 fue, cuando menos, la segunda, y nada se logró en el año transcurrido desde el pobre desempeño del 2014. Si como dice Bicsa, la institución “es una de las entidades bancarias más supervisadas y reguladas en el esquema bancario de la región”, de poco ha servido. Eso para no señalar que el informe se declara insatisfecho con la supervisión.

Bicsa, dice el comunicado, “mantiene un proceso continuo de revisión y mejoramiento en todas las áreas del sistema”. Es evidente que ese proceso no ha dado los frutos necesarios, cuando menos en el último año. A la fecha, pasados casi seis meses desde el último informe, las serias debilidades informáticas no han sido corregidas porque Bicsa se vio obligada a posponer la contratación de los servicios necesarios por irregularidades que informamos hoy y que motivaron el cese de un subgerente.

La información del miércoles hizo referencia, como antecedente, al caso Latco, empresa cuyas cuentas en el BCR fueron cerradas por dudas sobre el origen de los recursos. El Ministerio Público abrió una investigación sobre la base de los informes rendidos por el BCR. Al respecto, “Bicsa desea aclarar que su relación con la señora Jennifer Morsink, quien fue directora hasta el día 18 de enero del 2016, se limitó a su nombramiento por parte del Banco Nacional de Costa Rica como directora de la Junta Directiva de Bicsa. El Banco Internacional de Costa Rica nunca ha tenido relaciones comerciales ni con la señora Morsink ni con la empresa Latco, de la cual era su apoderada”.

La Nación nunca dijo que la directora tuviera relaciones comerciales con el banco. En cambio, informamos que era apoderada generalísima de Latco, así como directora del BNCR y de Bicsa, donde también fungía como miembro de los comités de riesgo y auditoría. A la fecha, el BNCR no ha encontrado en el caso Latco motivos prudenciales para removerla de esos cargos, como lo proponía el BCR, y solo accedió a hacerlo el 18 de enero por motivos de salud, en la segunda de las asambleas de Bicsa convocadas por el BCR para discutir el caso. La directora mantiene el cargo en el BNCR, en suspenso, por las mismas razones de salud. Informamos, también, con base en las actas del BNCR, que Bicsa se vio obligada a correr a dar explicaciones sobre el tema a las autoridades estadounidenses.

Por último, Bicsa afirma que nuestra información “arriesga indebidamente su reputación y la del país” tanto ante “el Gobierno de los Estados Unidos, como con clientes y público en general”. La reputación del país a ojos de las autoridades estadounidenses está claramente definida en el informe de la Reserva Federal. En cuanto al público, no cabe duda de su derecho a conocer los pormenores de esa reputación, que no es causada por la prensa, sino por el deficiente manejo de los intereses nacionales.

Bicsa y sus propietarios son todos bancos estatales. Si alguno falla, como ocurrió con el Banco Anglo, los ciudadanos pagamos la cuenta. La comunidad tiene derecho a saber cómo se manejan, especialmente cuando la administración no es óptima o incurre en irregularidades, como en el caso de la fallida contratación descrita en nuestra edición de hoy. Los periodistas tenemos la obligación de informar al respecto para posibilitar la discusión pública de asuntos tan capitales. Los problemas puestos de manifiesto trascienden el caso específico de Bicsa. Costa Rica debe dejar de ser un país de regulaciones laxas, expuesto al lavado de dinero y otros males. En eso, todos los costarricenses estamos interesados, precisamente, en defensa de la reputación nacional.

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